PDET y Santander: comunidades rurales critican avances y alertan por violencia persistente
Beneficios de PDET para municipios de Santander son cuestionados ante aumento de violencia y exclusiones
SANTANDER — José Martínez, agricultor de un corregimiento en zona rural de Floridablanca, expresa preocupación: "Las inversiones prometidas en desarrollo rural llegan con cuentagotas y el temor a grupos armados ilegales no nos deja vivir tranquilos". Aunque la prórroga de los PDET hasta 2037 fue aprobada, las comunidades campesinas del área metropolitana aún enfrentan problemas estructurales sin respuesta efectiva.
La prórroga aprobada en el Senado extiende hasta 2037 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) destinados a 170 municipios con altos índices de violencia y pobreza, entre ellos algunos en Santander que afectan comunidades rurales de Bucaramanga y sus municipios vecinos.
Las inversiones anunciadas suman 14 billones de pesos y más de 2.000 proyectos ejecutados según cifras oficiales. Sin embargo, en la realidad local, estas inversiones no se sienten. Comunidades rurales reportan limitaciones en recursos, lentitud en la ejecución y ausencia de planes claros para garantizar su seguridad frente a la amenaza creciente de disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo.
"Nos prometen desarrollo, pero la violencia sigue creciendo. Las disidencias al margen de la ley han aumentado su presencia en la región, y nosotros seguimos en la incertidumbre"
— José Martínez, habitante rural de Floridablanca
El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto y del Pacto Histórico, asegura que esta extensión es un "gesto de coherencia" con las regiones que han padecido el conflicto. No obstante, sus afirmaciones no abordan cómo se enfrentará el reto de los grupos armados ilegales ni los mecanismos para incluir a municipios que, ante los criterios del Decreto Ley 893, quedaron excluidos.
Representantes de organizaciones sociales y expertos en desarrollo rural en Santander cuestionan la falta de transparencia y un seguimiento real de los proyectos. "No basta con extender la vigencia si no hay garantías de inclusión efectiva y seguridad", señala la profesora Ana María Gómez, investigadora independiente en temas rurales.
Los datos de la Fundación Ideas para la Paz alertan que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 las disidencias de las FARC aumentaron hasta un 20% en la región, mientras el Clan del Golfo y el ELN mantienen su presencia, amenazando los logros de sustitución de cultivos ilícitos y asistencia a familias vulnerables.
Propuestas desde la academia y la comunidad
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y líderes campesinos locales proponen implementar un observatorio ciudadano para el seguimiento en tiempo real de los proyectos PDET, con participación activa de las comunidades afectadas y veedurías independientes. Además, sugieren fortalecer la seguridad rural mediante cooperación interinstitucional y la implementación de proyectos productivos que reduzcan la dependencia económica de economías ilícitas.
- Creación de un observatorio ciudadano con acceso público a la ejecución de los proyectos.
- Articulación de la seguridad rural con actores locales y autoridades para disminuir la influencia de grupos armados.
- Incentivos a proyectos productivos sostenibles con enfoque en economía legal y desarrollo integral.
A la comunidad le preocupa la exclusión continua de municipios cercanos a Bucaramanga que podrían beneficiarse de estos programas, y exige claridad en los criterios de inclusión para evitar perpetuar inequidades territoriales.
La prórroga hasta 2037 debe acompañarse de un compromiso público de rendición de cuentas con cronogramas claros, participación comunitaria real y mecanismos efectivos de control ciudadano para que los PDET no se conviertan en otra promesa incumplida, sino en un instrumento viable para transformar las condiciones de pobreza y violencia en la región.
Contexto adicional: Algunos municipios de Santander fueron incluidos en el Decreto Ley 893 de 2017 como territorios PDET, pero se reportan avances desiguales y la persistencia de violencia limita su desarrollo. Las inversiones oficiales de 14 billones no necesariamente se reflejan en mejoras reales y sostenibles.
Fuentes consultadas: Habitantes rurales del área metropolitana, líderes campesinos, expertos independientes de la UIS, Fundación Ideas para la Paz, declaraciones del senador Carlos Alberto Benavidez.
