PDET y promesas de paz: 6,6 millones aún viven el abandono pese a prórroga hasta 2037
Prórroga hasta 2037 lleva esperanzas, pero el abandono y la violencia persisten en municipios PDET de Santander
BUCARAMANGA — José Martínez, campesino de uno de los municipios PDET de Santander, expresa su frustración: "Han pasado años desde que prometen inversiones y mejora en nuestras condiciones, pero seguimos sin acceso a servicios básicos y la violencia no cede. ¿Qué garantía real hay esta vez?". Comunidades locales como la suya cuestionan el impacto real de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial pese a la reciente prórroga hasta 2037 anunciada por el Senado.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron prorrogados esta semana hasta 2037, buscan garantizar inversiones en los territorios históricamente afectados por la violencia, pobreza y abandono estatal. Sin embargo, desde su inicio en 2017, los habitantes de muchos municipios, incluyendo los ubicados en Santander, reportan que las acciones aún son insuficientes para transformar verdaderamente sus condiciones de vida.
La prórroga aprobada en el Senado promete corregir bloqueos institucionales y asegurar continuidad presupuestal, pero no ofrece un detalle claro sobre los mecanismos que evitarán la burocratización o el incumplimiento que ha caracterizado a estos programas durante años. Según informes oficiales, ya se han ejecutado 2.066 proyectos con una inversión cercana a los 14 billones de pesos en Colombia, además de la sustitución de más de 46 mil hectáreas en cultivos ilícitos y el apoyo a casi 100 mil familias. Sin embargo, estas cifras no se traducen en mejoras palpables para muchas comunidades locales.
En la práctica, la persistencia de economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN mantienen una sombra permanente en municipios PDET, incluyendo algunos de Santander. Datos de la Fundación Ideas para la Paz evidencian aumentos en el control territorial de estos grupos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, generando temor y exclusión para la población civil.
"A pesar de las promesas, la violencia no disminuye. Seguimos enfrentando inseguridad, y las inversiones parecen no llegar a nuestras zonas más afectadas."
— José Martínez, campesino en municipio PDET de Santander
Voceros de organizaciones ciudadanas y veedurías en municipios PDET de Santander critican la falta de transparencia y la ausencia de espacios efectivos de participación para el control social de los recursos y proyectos. Señalan que sin una verdadera articulación con las comunidades, los programas se convierten en anuncios vacíos más que en herramientas de transformación.
Expertos independientes, como la investigadora Ana Gómez de la Universidad Industrial de Santander, advierten que la prórroga debe ir acompañada de reformas en la estructura administrativa para garantizar ejecución eficiente y rendición de cuentas real. Recomiendan adoptar modelos de control social y seguimiento ciudadano usados en otras regiones que han logrado mayor efectividad en inversiones públicas.
Propuestas desde la academia y la ciudadanía
Ante la precariedad y la desconfianza, varias organizaciones sociales de la región proponen:
- Implementar veedurías comunitarias con poder real de supervisión y sanción.
- Garantizar la publicación trimestral de avances y dificultades con información verificable y accesible.
- Vincular activamente a las juntas de acción comunal y organizaciones campesinas en la toma de decisiones y seguimiento.
Estas propuestas buscan romper con ciclos de burocracia y desinterés estatal que han marcado los años de implementación de los PDET.
La comunidad afectada exige que esta prórroga no sea solo un nuevo plazo sin cumplimiento, sino el inicio de un compromiso transparente y riguroso. Plantean que la administración debe publicar cronogramas de ejecución claros, garantizar inversión efectiva y establecer mecanismos de control ciudadano vinculantes.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han enfrentado múltiples retos para cumplir con sus objetivos. El avance presupuestal no siempre se ha reflejado en territorios, y las presiones de economías ilícitas y violencia estructural persisten, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales.
Fuentes consultadas: Líderes y campesinos de municipios PDET en Santander, Fundación Ideas para la Paz, veedurías ciudadanas, investigadores de la Universidad Industrial de Santander, documentos oficiales del Senado.