PDET: seis millones en Santander y Colombia exigen cumplimiento y seguridad

Prórroga PDET hasta 2037 plantea dudas sobre real transformación y seguridad en municipios afectados

SANTANDER — En varios municipios PDET del departamento, como San Vicente de Chucurí y Málaga, habitantes expresan preocupación por la lenta ejecución de proyectos y la persistente amenaza de grupos armados ilegales. "Llevamos años escuchando promesas y menos seguridad; esta extensión a 2037 no nos garantiza nada", afirma José Ramírez, líder comunitario de la región.

El Senado aprobó la prórroga hasta 2037 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un mecanismo clave en la implementación de la Reforma Rural Integral para beneficiar a más de seis millones de colombianos, incluyendo varios en Santander. Sin embargo, la experiencia en terreno muestra un avance desigual, con múltiples proyectos demorados y un contexto de inseguridad constante por la presencia creciente de grupos armados al margen de la ley.

Mientras el senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto, asegura que esta extensión es "un gesto de coherencia con las regiones desplazadas por la violencia", en el terreno la realidad indica que la garantía administrativa y presupuestal sigue sin traducirse en resultados palpables para muchas comunidades.

Habitantes de municipios como Simacota y California denuncian que, aunque se han invertido miles de millones en varios programas, falta transparencia en la ejecución y las limitaciones de acceso mantienen estancado el desarrollo rural integral.

"Nos dicen que hay inversiones, pero seguimos con carreteras sin arreglar y sin acceso a servicios básicos. La violencia no ha cedido y ya no creemos solo en palabras"

— María Fernanda Gómez, vocera campesina de Simacota

La oposición política y las veedurías ciudadanas advierten que los 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos ejecutados hasta la fecha parecen insuficientes frente a los retos estructurales, especialmente cuando persiste la expansión de grupos disidentes que, según cifras recientes, aumentaron en más del 15% su actuación en estas zonas.

Revisiones independientes revelan que problemas como la falta de seguimiento continuo, la burocracia y la corrupción inciden en retrasos y falta de impacto real en el desarrollo territorial. El cronograma para la implementación de acuerdos en los municipios PDET aún presenta incumplimientos significativos.

Propuestas desde la academia y la ciudadanía

Expertos de la UIS sugieren implementar sistemas de control ciudadano y auditorías externas permanentes para garantizar la correcta ejecución de proyectos. Además, proponen modelos de desarrollo rural integrados con enfoque territorial que vinculen a las comunidades desde la planeación hasta la evaluación final.

• Creación de comités mixtos con participación de autoridades locales, veedores y representantes comunitarios para supervisar avances.
• Implementación de plataformas digitales transparentes para la rendición de cuentas en tiempo real.
• Fortalecimiento de programas de seguridad rural con acompañamiento social para disminuir la influencia de grupos armados.

La exigencia de la ciudadanía es clara: rendición de cuentas pública, seguimiento verdadero y acciones que vayan más allá de los discursos parlamentarios. Sin estas garantías, la prórroga PDET será otro anuncio vacío.

¿Garantizará la prórroga de los PDET el desarrollo y la paz prometidos o será un compás más en una marcha agotadora para las comunidades santandereanas?

Contexto adicional: A pesar de la inversión oficial anunciada de 14 billones de pesos y de más 2.000 proyectos, la Fundación Ideas para la Paz advierte crecimiento de grupos armados ilegales en municipios PDET, un factor que podría amenazar los avances en desarrollo y seguridad.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de municipios PDET en Santander, veedurías ciudadanas, expertos académicos UIS, Fundación Ideas para la Paz, fuentes oficiales del Senado.