PDET: ¿Prórroga para prolongar abandono y violencia en Santander y Bucaramanga?

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PDET: ¿Prórroga para prolongar abandono y violencia en Santander y Bucaramanga?

Prórroga de PDET oculta persistencia de grupos armados y déficit en seguimiento de proyectos en Santander

BUCARAMANGA — María Luisa Gómez, habitante de Piedecuesta, expresa su preocupación porque, a pesar de los anuncios nacionales sobre la extensión de los PDET hasta 2037, en su comunidad la violencia y el abandono estatal siguen presentes. "Prometen inversión y progreso, pero el miedo por la presencia de grupos armados nos paraliza y no vemos resultados reales", señala.

Campesinos en zona rural afectada por conflicto y pobreza en Santander
Regiones rurales de Santander y municipios del área metropolitana con dificultades estructurales y presencia de grupos armados al margen de la ley. Foto: El Frente

El Senado de la República aprobó una prórroga para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037, un programa con el objetivo de financiar proyectos en municipios afectados históricamente por violencia y pobreza. Sin embargo, este anuncio oficial no aborda las fallas estructurales evidentes en la ejecución y seguimiento de más de 2.000 proyectos realizados desde 2017 en territorios como Santander y áreas cercanas.

La administración nacional asegura que con esta extensión garantizarán continuidad administrativa y presupuestal para cerca de 6.6 millones de colombianos, incluyendo habitantes de municipios santandereanos. Se aseguran inversiones que desde 2017 suman más de 14 billones de pesos. No obstante, expertos locales alertan que los recursos no se traducen en mejoras reales en seguridad o calidad de vida.

"El programa sigue sin transparentar un seguimiento riguroso de los proyectos y su impacto. En municipios como Piedecuesta y alrededores, los índices de violencia crecen y las disidencias al margen de ley no ceden terreno"

— Juan Camilo Ramírez, investigador en seguridad y desarrollo local

Organismos de control en Santander han reportado retrasos y problemas en la ejecución de los proyectos. Además, datos recientes muestran un aumento preocupante en la presencia de grupos al margen de la ley, como disidencias de las FARC y las estructuras del ELN, que amenazan la estabilidad en el territorio.

Fiscalización y transparencia en duda

Revisiones de presupuestos revelan que aunque se han asignado millonarios recursos, hay poca evidencia pública de cumplimiento y rendición de cuentas efectiva en las áreas del área metropolitana y municipios PDET de Santander. La comunidad exige mecanismos de vigilancia ciudadanos y auditorías independientes.

Propuestas desde la academia y la sociedad civil

Expertos de la Universidad Industrial de Santander y organizaciones sociales proponen:

  • Implementar sistemas de control participativo con veedurías ciudadanas activas en municipios PDET del área metropolitana.
  • Fomentar alianzas público-privadas para proyectos productivos sostenibles y con enfoque territorial.
  • Adoptar modelos de seguridad comunitaria en zonas rurales que han sido efectivos en regiones como Antioquia para reducir la influencia armada.

La Junta de Acción Comunal de Piedecuesta ya ha solicitado reuniones públicas para discutir la ejecución de estos proyectos y exigir transparencia que garantice que la nueva prórroga realmente se traduzca en mejoras tangibles.

¿Continuará el abandono disfrazado de desarrollo en los territorios PDET? Los habitantes del área metropolitana esperan más que promesas: exigen resultados verificables y certezas de paz y progreso.


Contexto adicional: Desde 2017 se han concertado miles de iniciativas para la transformación rural en PDET, pero la persistencia de violencia y problemas estructurales evidencian un balance incompleto. En Santander, la presencia de grupos al margen de la ley ha aumentado, afectando municipios cercanos a Bucaramanga.

Fuentes consultadas: Habitantes y líderes comunitarios del área metropolitana, expertos universitarios, informes de organismos de control y organizaciones sociales. La versión oficial del Senado fue contrastada con voces locales y análisis independientes.