PDET prórroga hasta 2037: campesinos y expertos en Santander cuestionan inversión sin resultados reales
Prórroga de PDET genera dudas en Santander ante persistencia de violencia y pobreza
SANTANDER/ÁREA METROPOLITANA — Don Carlos, campesino de un municipio vecino al área metropolitana, relata que pese a más de 8 años con proyectos PDET en el país, la violencia y el abandono estatal siguen dominando su territorio. "Nos prometieron desarrollo y paz, pero los grupos armados siguen causando miedo y el abandono es evidente", denuncia con preocupación.
El Senado aprobó esta semana una prórroga de la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037, con la promesa oficial de garantizar inversiones y proyectos para 6,6 millones de colombianos en los territorios más golpeados por la violencia y pobreza estructural.
Estos programas se ejecutan desde 2017 en 170 municipios de 16 subregiones, entre las que, aunque sin nombrar, se incluyen zonas cercanas a Santander y sus municipios vecinos. Sin embargo, la noticia oficial no indica qué municipios específicos siguen excluidos o cuáles son los avances concretos a nivel local.
El gobierno asegura que se han invertido $14 billones en más de 2.000 proyectos, sustituyeron 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos y atendieron a casi 100.000 familias con asistencia técnica y alimentaria. No obstante, persiste la crítica severa de la ausencia de resultados que transformen efectivamente la vida en estas regiones.
"En mi vereda seguimos conviviendo con temor, los grupos armados siguen controlando nuestras tierras y los programas nunca logran erradicar la pobreza ni el abandono"
— Don Carlos, campesino de zona rural cercana a Bucaramanga
Expertos independientes y voces críticas advierten que la prórroga se da sin un estudio exhaustivo que evalúe el impacto real de las inversiones anteriores o las razones de la exclusión de varios municipios que quedaron fuera desde 2017. Además, la persistencia y crecimiento de grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC y el ELN, complican la estabilidad y ejecución de estos proyectos.
El senador del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavidez, ponente de la iniciativa, garantiza una consulta técnica y social durante el próximo año para incluir municipios relegados. Sin embargo, comunidades afectadas reclaman transparencia y participación real en estas decisiones.
Fiscalización y seguimiento ciudadano son claves
La organización independiente Veeduría por la Paz en Santander insiste en la necesidad de mecanismos permanentes de vigilancia y rendición de cuentas para que las inversiones prometidas se traduzcan en mejoras tangibles y duraderas.
- Implementación de veedurías comunitarias con acceso a información y supervisión en tiempo real
- Evaluaciones periódicas independientes que midan resultados de impacto social y económico
- Mayor inclusión y participación de las comunidades en el diseño y seguimiento de los proyectos
Además, académicos de la Universidad Industrial de Santander proponen estrategias como la integración entre desarrollo rural y seguridad, fortalecimiento institucional local y proyectos productivos sostenibles adaptados a la realidad regional para evitar que las inversiones se diluyan sin resultados.
¿El gobierno cumplirá esta vez con las expectativas o repetirá ciclos de promesas incumplidas? La comunidad en Santander y la zona metropolitana exige claridad y hechos concretos tras años de abandono y violencia no resuelta.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han enfrentado críticas por la exclusión de municipios, la persistencia de la violencia y la baja efectividad en reducir la pobreza estructural. Datos oficiales reportan inversiones multimillonarias, pero sin mediciones públicas de impacto real en la calidad de vida.
Fuentes consultadas: Campesinos y comunidades del área metropolitana, veedurías ciudadanas, expertos independientes de la UIS, fuentes oficiales del Senado y PDET (en ese orden de prioridad).
