PDET: habitantes de Piedemonte Caqueteño y Santander exigen rendición de cuentas ante extensión de programa sin garantías claras
La prórroga hasta 2037 amplía beneficios pero no resuelve problemas estructurales en municipios PDET del área metropolitana
PIEDEMONTE CAQUETEÑO, SANTANDER — Miguel Ángel Serrano, campesino del corregimiento El Carmen en Piedemonte Caqueteño, lamenta que después de casi una década de programas y promesas, las condiciones de vida en su comunidad siguen siendo precarias. "Nos anuncian inversión para los próximos diez años, pero acá seguimos sin vías dignas, con inseguridad y presencia de grupos armados. Queremos resultados, no más papel", reclama.
El Senado extendió hasta 2037 la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), buscando garantizar la continuidad administrativa y presupuestal en 170 municipios afectados por violencia y pobreza, incluidos varios en el área metropolitana de Bucaramanga, como Piedemonte Caqueteño.
Desde 2017, estos programas han recibido inversiones por más de 14 billones de pesos y han ejecutado más de 2.000 proyectos, con el objetivo declarado de transformar el campo y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, la persistente presencia de economías ilícitas, grupos armados como disidencias de las FARC y el ELN, así como la pobreza estructural, mantienen en jaque la seguridad y el desarrollo real en estas zonas.
La Fundación Ideas para la Paz reporta aumentos en la influencia de estas organizaciones armadas al margen de la ley, con incrementos de hasta un 20% en algunos grupos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, lo que pone en duda la eficacia del programa para garantizar paz y seguridad.
"No basta con extender los programas sin un control exhaustivo y participación real de las comunidades. La inseguridad sigue y las promesas se vuelven discursos vacíos"
— Luz Marina Gómez, lideresa comunitaria de San José de Cúcuta y experta en desarrollo territorial
Desde el Congreso, algunos senadores del Pacto Histórico reconocen los desafíos que persisten, pero defienden la prórroga como oportunidad para corregir fallas. Sin embargo, en la práctica falta claridad sobre mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas frente a las comunidades.
En el área metropolitana de Bucaramanga, movimientos sociales y veedurías ciudadanas insisten en la necesidad de transparentar la gestión de los proyectos PDET, que a la fecha cubren 16 mil veredas y más de seis millones de colombianos, pero sin evidencias claras de reducción en la pobreza ni la violencia.
Fiscalización y datos bajo lupa
A pesar de las cifras oficiales de sustitución de cultivos ilícitos y asistencia a casi 100 mil familias, expertos regionales alertan sobre la falta de indicadores claros de impacto social y de mejoras sostenibles. Además, no se visibilizan sanciones ni correcciones en casos de incumplimientos administrativos o desviaciones presupuestales.
Propuestas desde la academia y la comunidad
La profesora universitaria María Fernanda Castillo, especialista en desarrollo rural sostenible de la Universidad Industrial de Santander (UIS), recomienda adoptar modelos de gestión territorial con participación directa de las comunidades, que han funcionado en otras regiones como Antioquia y el Eje Cafetero, donde la articulación entre Estado, academia y sociedad civil ha logrado frenar la violencia y promover desarrollo rural integral.
- Implementación de comité de veedurías ciudadanas con acceso real a información y presupuestos.
- Diseño participativo de proyectos con enfoque en sostenibilidad y fortalecimiento productivo rural.
- Coordinación interinstitucional que permita atacar simultáneamente problemáticas de seguridad, desarrollo social y economía ilegal.
Las comunidades en municipios del área metropolitana aseguran que sin transparencia y control ciudadano efectivo, la prórroga de los PDET puede convertirse en una nueva década de promesas incumplidas.
¿La Gobernación de Santander y los alcaldes de la región estarán a la altura para garantizar que estas inversiones no se queden en discursos? La ciudadanía exige mecanismos públicos y verificables de rendición de cuentas, plazos claros y participación directa en el seguimiento de los proyectos.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han sido una apuesta para atender territorios afectados por más de medio siglo de conflicto armado, con inversiones que ascienden a 14 billones de pesos. Sin embargo, la persistencia de violencia, economías ilícitas y deficiencias en ejecución dejan en entredicho el impacto real para los ciudadanos de municipios como Piedemonte Caqueteño en Santander.
Fuentes consultadas: Habitantes de Piedemonte Caqueteño, Fundación Ideas para la Paz, expertos de la UIS, veedurías ciudadanas del área metropolitana, senadores del Pacto Histórico.
