PDET en Santander: Prórroga que no convence a comunidades rurales tras años de violencia y abandono
Prórroga nacional de PDET olvida demandas y realidades duras en municipios rurales de Santander
SANTANDER — En Puerto Parra y Cimitarra, municipios afectados por el conflicto armado y marcados como territorios PDET, líderes comunales manifiestan su escepticismo ante la reciente prórroga nacional de estos programas hasta 2037. "Llevamos años viendo anuncios, pero la inseguridad y la pobreza siguen siendo el pan diario", relata Jaime Mendoza, campesino de Cimitarra.
Este martes, el Senado aprobó la ampliación hasta 2037 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan llevar inversiones a las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, pobreza y economías ilícitas. En Santander, municipios como Betulia, San Vicente de Chucurí y Ocamonte forman parte del programa.
Los PDET iniciaron en 2017 con más de 200 mil ciudadanos vinculados en la planeación participativa, prometiendo transformar el campo y cerrar brechas urbanas con rurales. Sin embargo, en estos territorios los problemas estructurales como la violencia, presencia de grupos armados ilegales y pobreza persistente siguen siendo desafíos concretos.
El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto, asegura que la prórroga es "un gesto de coherencia con las regiones que han puesto el cuerpo y la esperanza en la paz". Sin embargo, las comunidades consultadas ponen en duda que esta extensión garantice resultados efectivos.
"Los proyectos no llegan completos, la ausencia del Estado continúa, y el miedo a la violencia nunca se ha ido. Prorrogar algo que no está funcionando sin cambiar la forma solo es atender síntomas", denuncia Ana María Torres, líder social de Betulia.
— Ana María Torres, líder social Betulia, Santander
Expertos en desarrollo rural y paz señalan que, pese al avance en proyectos (más de 2.000 en el país, con 14 billones de pesos invertidos), la falta de supervisión ciudadana rigurosa y el incumplimiento de cronogramas han debilitado el impacto real en el territorio.
De acuerdo con la Fundación Paz y Territorio, las inversiones en Santander han generado avances limitados frente al incremento registrado por grupos armados ilegales en la región. Datos recientes indican que disidencias de las FARC y otras bandas han aumentado su presencia en municipios PDET, generando inseguridad entre campesinos y comunidades.
Soluciones desde academia y organizaciones sociales
La Universidad Industrial de Santander (UIS) propone un modelo de seguimiento comunitario para garantizar la ejecución transparente de proyectos PDET, con participación directa de las juntas de acción comunal y veedurías independientes. Este mecanismo ha probado eficacia en otras regiones del país para reducir desvíos y corrupción.
- Implementación de plataformas digitales para monitoreo en tiempo real de avances en obras.
- Creación de instancias regionales que vinculen líderes sociales con la planeación estatal.
- Programas de capacitación para comunidades en control social y gestión territorial.
Organizaciones campesinas demandan que la prórroga incluya mecanismos claros de rendición de cuentas, participación comunitaria efectiva y estrategias concretas para enfrentar la violencia que afecta los proyectos a nivel local.
¿Puede la ampliación de los PDET romper el ciclo de abandono y violencia que viven los municipios rurales de Santander o solo será otro anuncio más sin cumplimiento real? Las comunidades exigen acciones verificables y no más promesas incumplidas.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han sido el principal mecanismo para el desarrollo rural en zonas afectadas por la violencia, pero en Santander la percepción ciudadana es que los avances son lentos, con persistente inseguridad y falta de transparencia.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de municipios PDET en Santander, Fundación Paz y Territorio, expertos de la UIS, organizaciones campesinas locales. Versiones oficiales del Senado y Senadores del Pacto Histórico para contraste.
