PDET en Santander: prórroga genera escepticismo ante persistencia de violencia y abandono estatal
Inversiones para 6 millones, pero alcaldías y comunidades de Santander exigen resultados reales y seguridad
SANTANDER — En el municipio rural de Berlín, Floridablanca, Ana María Patiño expresa su preocupación: "Llevamos años con promesas de proyectos PDET, pero la violencia, el abandono estatal y la pobreza siguen igual. No vemos obras ni seguridad para nuestras familias". Esta voz refleja las inquietudes de muchas comunidades rurales y municipales del área metropolitana que, pese a la reciente prórroga hasta 2037, no sienten que las inversiones se traduzcan en mejoras tangibles.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) anunciaron una extensión por diez años hasta 2037, ratificada por el Senado, con la promesa oficial de garantizar inversiones destinadas a las poblaciones afectadas por violencia y pobreza, incluidas las zonas rurales de Santander. Sin embargo, reportes independientes y testimonios de las comunidades evidencian que estas promesas tienen históricamente poca correlación con la realidad en terreno.
La administración nacional asegura que se han invertido 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos, con acciones como la sustitución de cultivos ilícitos y asistencia alimentaria a casi 100.000 familias. No obstante, la persistencia de economías ilegales y de grupos armados al margen de la ley, como disidencias de las FARC y el ELN, complican cualquier avance estructural.
En los municipios PDET de Santander, donde están zonas como los corregimientos rurales de Girón y Piedecuesta, la población denuncia que la inseguridad sigue siendo un problema grave que no ha recibido respuestas efectivas. "¿De qué sirve que anuncien proyectos si los grupos armados se expanden? Tenemos miedo de salir y trabajar la tierra", señala Juan Carlos Gómez, líder comunitario.
"Los proyectos PDET son una esperanza, pero la falta de seguridad y el abandono estatal nos tiene en crisis. Queremos ver resultados, no solo cifras en documentos oficiales."
— Juan Carlos Gómez, líder comunitario del corregimiento La Providencia, Piedecuesta
Expertos en desarrollo territorial de la Universidad Industrial de Santander (UIS) advierten que sin garantías mínimas de seguridad y un control efectivo sobre la ejecución presupuestal, las inversiones pueden no impactar realmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades. Además, llaman la atención sobre la ausencia de veedurías comunitarias fuertes que hagan seguimiento real.
Contrario a las expectativas, datos de la Fundación Ideas para la Paz alertan sobre el crecimiento de las disidencias y otros grupos armados ilegales en zonas PDET, con incrementos de hasta el 20% en territorios de Santander, lo que pone en duda la eficacia de las intervenciones y la verdadera capacidad del Estado para garantizar la seguridad y desarrollo integral.
Propuestas desde la academia y comunidades
Investigadores de la UIS y representantes de veedurías ciudadanas proponen un modelo de gestión participativa con veedurías locales dotadas de poder vinculante sobre los proyectos, acompañamiento técnico constante y transparencia en la ejecución presupuestal.
- Implementar comités de seguimiento comunitarios con acceso directo a informes de avances en tiempo real.
- Priorizar intervenciones integrales que incluyan seguridad, desarrollo social y proyectos productivos sostenibles.
- Fortalecer alianza con organizaciones sociales locales para atender la violencia y promover espacios de diálogo comunitario.
Estas propuestas buscan superar esfuerzos aislados y garantizar una transformación estructural, no solo jurídica ni presupuestal.
La comunidad exige a la Gobernación de Santander y a las alcaldías del área metropolitana rendición de cuentas claras, cronogramas públicos y mecanismos de control ciudadano verificables para evitar que la prórroga sea solo un nuevo anuncio sin impactos reales.
Contexto adicional: Aunque los PDET están vigentes desde 2017 con inversiones millonarias, persisten denuncias de baja ejecución, corrupción y violencia en municipios de Santander y alrededores.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón; expertos de la UIS; Fundación Ideas para la Paz; veedurías ciudadanas; informes oficiales del Senado.
