PDET en Santander: comunidades dudan de prórroga mientras persiste violencia y abandono estatal
Prórroga hasta 2037: ¿realmente llegará la paz y desarrollo a municipios PDET del área metropolitana?
BUCARAMANGA Y SANTANDER — Más de cinco años después del inicio de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), habitantes de municipios afectados por el conflicto armado en Santander siguen atrapados en la violencia y el abandono estatal. "Aquí seguimos esperando que las inversiones se traduzcan en seguridad y empleo digno", dice Luz Marina Rodríguez, líder comunitaria en un municipio PDET cercano a Bucaramanga. La reciente prórroga aprobada por el Senado hasta 2037 genera esperanzas, pero también dudas, ante la persistencia de economías ilícitas y el resurgimiento de grupos armados ilegales.
Los PDET, que a nivel nacional cubren 170 municipios y 16 subregiones, incluyendo varios en el área metropolitana de Bucaramanga, han prometido transformar el campo y mejorar las condiciones de vida con inversiones superiores a $14 billones. Sin embargo, más allá de cifras oficiales que reportan más de 2.000 proyectos ejecutados y cultivos ilícitos sustituidos, la realidad en el territorio muestra una violencia que no cede y economías ilegales que se reconfiguran.
En palabras del senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto del Pacto Histórico, la prórroga es "un gesto de coherencia con las regiones que han puesto el cuerpo y la esperanza en la paz". Pero para las comunidades locales, estas palabras suenan vacías frente a la falta de resultados palpables.
Por su parte, Lucía Sánchez, habitante de un corregimiento PDET en el área metropolitana, denuncia: "Los grupos ilegales siguen controlando gran parte del territorio. Seguimos sin presencia real del Estado, y las promesas son lo único constante. Necesitamos transparencia, planes claros y participación efectiva."
"Tras años de abandono, exigimos que las inversiones se traduzcan en seguridad y oportunidades reales, no en cifras que no reflejan nuestra cotidianidad"
— Luz Marina Rodríguez, líder comunitaria en municipio PDET de Santander
Expertos en desarrollo rural y paz de la Universidad Industrial de Santander cuestionan la falta de mecanismos de seguimiento ciudadano y la persistencia del control armado en estas zonas. Según ellos, la prórroga debe venir acompañada de garantías claras de fiscalización y participación local, aspectos que hasta ahora han sido ignorados.
Un balance independiente realizado por la veeduría ciudadana en Santander revela que aunque existen avances en proyectos, las demoras administrativas, la corrupción y la débil presencia estatal ponen en riesgo los objetivos de la Reforma Rural Integral implementada a través de los PDET.
Propuestas desde la academia y veedurías para avanzar
Especialistas en gestión territorial proponen implementar comités de veeduría comunitaria vinculados directamente con la Contraloría y la Procuraduría para garantizar el seguimiento permanente de las inversiones.
- Implementación de observatorios territoriales en Santander con participación ciudadana activa para monitorear avances.
- Capacitación de líderes locales en gestión pública para fortalecer control social.
- Adopción de modelos de paz rural vistos en Antioquia, que integran desarrollo productivo con desarme efectivo y apertura de canales de diálogo.
La comunidad exige que la nueva prórroga no sea solo un anuncio más, sino que incluya mecanismos públicos, cronogramas claros y sanciones para quienes incumplan. De lo contrario, la historia de abandono volverá a repetirse.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han intentado integrar 200.000 participantes en la planeación, pero la inseguridad y economías ilegales persisten en Santander. Inversiones oficiales superan 14 billones, pero persisten críticas por falta de transparencia y eficacia en ejecución.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Santander, veedurías ciudadanas, expertos de la Universidad Industrial de Santander, fuentes oficiales del Congreso.
