PDET en Santander: comunidades alertan que prórroga hasta 2037 no garantiza solución a violencia y abandono

Persisten violencia y abandono en municipios PDET de Santander pese a prórroga aprobada hasta 2037

SANTANDER — En municipios como San Vicente de Chucurí y otros del área metropolitana que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), campesinos y comunidades campesinas expresan su preocupación por la persistencia de la violencia y el abandono estatal, a pesar de la reciente aprobación en el Senado de la prórroga de estos programas hasta el año 2037.
"Las armas siguen dominando nuestras veredas y el Estado parece no llegar", dice un campesino afectado que prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad. La ampliación temporal anunciada llega mientras en la región el crecimiento de grupos armados ilegales mantiene a miles en zozobra.

Desde 2017 los municipios PDET han recibido inversiones con la promesa de transformar el campo y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, los problemas estructurales, la pobreza, la presencia de economías ilícitas y el control de grupos armados ilegales persisten, generando un ambiente de inseguridad y desconfianza hacia las instituciones.

El Senado de la República aprobó esta semana la prórroga de los PDET hasta 2037, con la intención de garantizar continuidad administrativa y presupuestal en estos planes de desarrollo rural. El senador Carlos Alberto Benavidez del Pacto Histórico aseguró que este es "un gesto de coherencia con las regiones que han puesto cuerpo y esperanza en la paz". Sin embargo, esta promesa se examina con escepticismo por parte de las comunidades afectadas, que señalan la falta de resultados palpables.

En contraste con las cifras oficiales que indican inversiones por 14 billones de pesos y más de 2.000 proyectos ejecutados, los habitantes reportan un aumento preocupante en la presencia de organizaciones al margen de la ley. Datos recientes de la Fundación Ideas para la Paz revelan que las disidencias de las FARC y otros grupos aumentaron su influencia entre diciembre de 2024 y junio de 2025, incrementando según el caso entre un 3% y 20%.

"Estamos cansados de que las inversiones se queden en papeles y planes. Mientras ellos hablan de cifras, nosotros seguimos viendo cómo los grupos armados controlan nuestras montañas y las calles están sin seguridad"

— Campesino de San Vicente de Chucurí bajo anonimato

Organizaciones comunitarias y veedurías de Santander han convocado sesiones para exigir mayor transparencia y resultados concretos, mientras expertos independientes señalan que las inversiones no se reflejan en beneficios tangibles para las comunidades. Luis Ramírez, analista en temas rurales de la Universidad Industrial de Santander, critica la ausencia de mecanismos de evaluación rigurosa y destaca la necesidad de articular estrategias de seguridad con desarrollo social.

Revisando los datos financieros y cronogramas, expertos detectan una ejecución irregular de los proyectos, con atrasos significativos y falta de participación comunitaria efectiva. Además, denuncian que la inversión, aunque elevada en cifras nominales, no se traduce en mejoras sustanciales en condiciones de vida ni en la reducción de la violencia.

Propuestas para una real transformación

Académicos y organizaciones sociales plantean soluciones basadas en experiencias nacionales e internacionales, que incluyen:

• Integrar estrategias de seguridad ciudadana con proyectos productivos locales, como se ha implementado en zonas rurales de Antioquia con resultados positivos de disminución de violencia.
• Fortalecer la participación comunitaria mediante veedurías ciudadanas con poder vinculante y acceso a la información en tiempo real.
• Implementar sistemas de monitoreo independiente y transparente para el seguimiento de los proyectos y rendición de cuentas efectiva.

Las comunidades afectadas exigen mecanismos claros de participación y control ciudadano para evitar que las promesas de desarrollo vuelvan a quedar en el papel y que la prórroga aprobada se traduzca en cambios concretos y medibles.

¿Logrará la administración pública garantizar compromisos reales o será una prórroga más que posterga el verdadero desarrollo y seguridad que demandan los municipios PDET de Santander?

Contexto adicional: Desde 2017 los PDET han planteado intervenir territorios afectados por violencia y pobreza, con inversiones por 14 billones y más de 2.000 proyectos, pero la presencia de grupos armados ilegales crece y la inseguridad persiste en Santander y otras regiones.

Fuentes consultadas: Testimonios de campesinos de San Vicente de Chucurí, veedurías ciudadanas de Santander, Universidad Industrial de Santander, Fundación Ideas para la Paz, senadores del Pacto Histórico.