PDET en Santander: 10 años más, pero vecinos denuncian persistencia del abandono y violencia estructural
Prórroga de los PDET hasta 2037 genera incertidumbre entre comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales de Santander
SANTANDER / ÁREA METROPOLITANA — La comunidad rural de municipios PDET en Santander, como Simacota y San Vicente de Chucurí, vive con escepticismo la reciente prórroga aprobada para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que extiende su vigencia hasta 2037. "Han pasado más de cinco años y seguimos viendo pocas mejoras reales y mucha presencia de grupos armados ilegales", denuncia María Gómez, campesina y líder comunitaria de Simacota.
El Senado de la República aprobó la extensión por diez años más del programa PDET, que busca garantizar inversiones y continuidad de proyectos en 170 municipios afectados históricamente por la violencia, las economías ilícitas y la pobreza estructural. En total, se beneficiarán aproximadamente 6,6 millones de colombianos. Sin embargo, los habitantes de estas zonas reportan que mientras las cifras oficiales muestran avances, las problemáticas fundamentales persisten.
El articulado de la prórroga establece la elaboración de un estudio técnico en el plazo de un año que definirá la inclusión de municipios excluidos en 2017, pero no detalla mecanismos claros de seguimiento, transparencia ni rendición de cuentas para la población de Santander y otras regiones.
Según datos oficiales, hasta la fecha se han ejecutado inversiones por 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos, con la sustitución de más de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos y atención a cerca de 100.000 familias. Sin embargo, expertos y líderes locales advierten de la necesidad de fiscalizar el impacto real de estas inversiones.
"Los recursos llegan pero llegan lentos y sin control ciudadano efectivo. Seguimos confrontando la presencia de grupos armados que impiden el desarrollo verdadero"
— María Gómez, líder campesina de Simacota, Santander
La Fundación Ideas para la Paz reporta un crecimiento preocupante de grupos armados como disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en territorios PDET, incluyendo municipios vecinos a Bucaramanga. Esta realidad contrasta con la imagen oficial de avance y genera alarma en las comunidades.
Expertos de la Universidad Industrial de Santander advierten que la prórroga debe ir acompañada de mecanismos claros y participativos de control social y transparencia para evitar que los recursos públicos no se diluyan en burocracia o corrupción.
Propuestas ciudadanas y académicas para mejorar la gestión PDET
Estas son algunas de las recomendaciones de académicos y organizaciones sociales para que la prórroga sea efectiva y realmente transforme los territorios:
- Crear comités locales con participación directa de líderes comunitarios y veedurías ciudadanas con acceso total a información presupuestal y técnica.
- Implementar sistemas digitales de seguimiento en tiempo real a la ejecución de proyectos, con reportes accesibles al público.
- Adoptar experiencias de transparencia participativa como las desarrolladas en municipios PDET en Antioquia, donde la veeduría ha logrado reducir demoras y corrupción.
La comunidad campesina y movimientos sociales de Santander exigen que estas recomendaciones sean puestas en marcha y que se establezcan cronogramas claros con sanciones para los incumplimientos.
¿Cómo garantizar que una década más no sea solo palabras? Los habitantes de Simacota y otros municipios PDET de Santander exigen mecanismos de rendición de cuentas efectivos y participación real para que los recursos lleguen y beneficien de verdad.
Contexto adicional: Desde 2017, los proyectos PDET han tenido avances limitados en zonas rurales de Santander, con problemas persistentes de violencia y poca transparencia en la ejecución presupuestal.
Fuentes consultadas: Líderes campesinos de Simacota y San Vicente de Chucurí, Fundación Ideas para la Paz, académicos UIS, veedurías ciudadanas, fuentes oficiales.
