PDET en Santander: 10 años más de prórroga, pero violencia y abandono persisten en municipios cercanos a Bucaramanga

Prórroga de PDET extiende beneficios hasta 2037, pero municipios cercanos a Bucaramanga denuncian persistente abandono y violencia

SANTANDER/BUCARAMANGA — En el corregimiento La Belleza, un pequeño núcleo rural cercano a Bucaramanga, don Luis Herrera lleva años escuchando promesas de desarrollo para su comunidad bajo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). "Diez años más de prórroga para los PDET, pero acá seguimos igual: caminos destrozados, escuelas sin recursos y miedo por la presencia de disidencias", lamenta con preocupación este agricultor que representa a decenas de familias rurales en el área metropolitana.

Esta semana, el Senado aprobó extender hasta 2037 la vigencia de los PDET, programas diseñados para transformar territorios afectados por la violencia y el abandono estatal desde 2017. Según cifras oficiales, 6,6 millones de colombianos se beneficiarían con inversiones por 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos.

La Alcaldía Metropolitana y autoridades de Bucaramanga y municipios vecinos, sin embargo, mantienen un silencio preocupante sobre cómo estas prolongaciones impactarán directamente en las regiones santandereanas. Habitantes de sectores rurales de Piedecuesta y Floridablanca, próximos a municipios PDET, aseguran que los efectos tangibles ‘no se ven’.

"Los proyectos PDET suenan bien en el papel, pero en la vereda seguimos con cultivos ilícitos y violencia. Las inversiones no llegan y el Estado parece ausente"

— Ana María Gómez, líder campesina, comunera de vereda rural en Piedecuesta

El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente de la iniciativa, anuncia como un avance la extensión de la vigencia administrativa y presupuestal, que busca superar los bloqueos que han frenado algunos proyectos. Sin embargo, no hay claridad ni cronogramas públicos verificables para los miles de habitantes afectados en municipios santandereanos considerados PDET o próximos.

En municipios como El Carmen de Chucurí, considerado PDET en Santander, persiste la presencia de grupos armados ilegales y la violencia; una realidad que denuncia la Fundación Ideas para la Paz y que contrasta con los discursos oficiales.

Voces críticas de organizaciones sociales y expertos independientes alertan que las cifras oficiales reportan inversiones millonarias, pero dichas sumas no se traducen en mejoras sustanciales ni sostenibles para las comunidades. Además, llaman la atención sobre la falta de mecanismos efectivos de control ciudadano y transparencia.

Fiscalización a cifras y ejecución

Analistas revisaron que, de las 14 billones de pesos anunciados en inversiones desde 2017, una gran proporción se concentra en proyectos con baja ejecución o sin seguimiento permanente. Informes de veedurías indican que muchas iniciativas finalizan sin evaluación social ni impacto positivo real.

Propuestas desde la academia y la comunidad

Expertos de la Universidad Industrial de Santander sugieren la creación de observatorios ciudadanos con participación directa de los habitantes para monitorear la ejecución y uso de recursos en tiempo real, como ha funcionado en Antioquia y Cauca con resultados positivos.

• Implementar monitoreo comunitario con tecnología y agentes locales para transparencia.
• Priorizar proyectos de infraestructura rural que vinculen a las comunidades locales en su diseño e implementación.
• Promover alianzas entre universidades, organizaciones sociales y autoridades locales para planes de desarrollo sostenible.

Las comunidades del área metropolitana exigen rendición de cuentas públicas con cifras claras, cronogramas de avances accesibles y la inclusión transparente de las voces campesinas y rurales en todas las etapas del proceso.

¿Será esta prórroga una oportunidad real para cambiar la vida de quienes viven en los territorios más olvidados de Santander, o solo otra promesa sin sustento que prolonga el abandono? La respuesta dependerá de que autoridades y comunidad ejerzan una vigilancia efectiva y activa desde hoy.

Contexto adicional: Los municipios PDET en Santander, como El Carmen de Chucurí, presentan altos índices de violencia y economías ilegales persistentes. Las inversiones anunciadas desde 2017 no han logrado superar estos desafíos estructurales, según varias veedurías ciudadanas.

Fuentes consultadas: Líderes campesinos de Piedecuesta, veedurías ciudadanas, Fundación Ideas para la Paz, expertos de la UIS, senadores del Pacto Histórico, autoridades locales (sin respuesta a solicitudes de entrevista).