PDET: comunidades del área metropolitana de Bucaramanga exigen mayor control y resultados tras prórroga hasta 2037

Prórroga de PDET hasta 2037 despierta escepticismo en Santander por persistencia de violencia y falta de veeduría ciudadana

SANTANDER/BUCARAMANGA — Las comunidades de los municipios rurales de Santander, que forman parte del programa PDET, ven con preocupación la prórroga hasta 2037 del programa de desarrollo en territorios afectados por el conflicto. "Han pasado años con promesas y pocas realidades. Aquí seguimos sufriendo la inseguridad y la falta de oportunidades", expresa José Martínez, habitante del corregimiento de Togüí, en Bucaramanga, uno de los municipios PDET del departamento.

Desde su creación en 2017, los PDET se han presentado como un mecanismo para transformar el campo en las regiones históricamente más afectadas por la violencia y el abandono estatal, abarcando 170 municipios y aproximadamente 6,6 millones de colombianos. En Santander, aunque existen varios municipios integrados, incluyendo zonas rurales del área metropolitana de Bucaramanga, los avances en infraestructura y desarrollo social han sido lentos o poco visibles para las comunidades.

La decisión del Senado de extender la vigencia de los PDET por diez años más, hasta 2037, fue anunciada como una oportunidad para garantizar inversiones a largo plazo. Sin embargo, expertos como la socióloga Diana Rincón advierten que "sin mecanismos robustos de veeduría ciudadana y transparencia, estos programas corren el riesgo de convertirse en simples anuncios que no llegan a materializar un cambio estructural real".

La administración nacional asegura que hasta la fecha se han invertido más de 14 billones de pesos y se han ejecutado más de 2.000 proyectos, con logros en sustitución de cultivos ilícitos y asistencia técnica a miles de familias. Pero la voz de las comunidades es otra: "La violencia persiste y el abandono también. En mi vereda, las disidencias siguen controlando el territorio y el Estado no aparece", denuncia María Gómez, campesina de la vereda La Cabaña, Piedecuesta.

"La prórroga es necesaria, pero sin control independiente y participación real, seguiremos siendo víctimas de promesas incumplidas y abandono"

— María Gómez, habitante vereda La Cabaña, Piedecuesta

En el Congreso, algunos senadores del Pacto Histórico resaltaron la importancia de la prórroga como apoyo al desarrollo rural, pero no abordaron suficientemente los crecientes reportes de presencia de grupos armados ilegales en las zonas PDET, ni los obstáculos para la ejecución de proyectos a nivel local.

Desde veedurías ciudadanas y organizaciones sociales en Santander, se señalan varios retos: baja participación real en el seguimiento de proyectos, falta de rendición de cuentas clara y escasa inclusión de municipios afectados que quedaron fuera del decreto original.

Fiscalización y seguimiento en la mira

Datos oficiales indican avances en sustitución de cultivos ilícitos —46.000 hectáreas reemplazadas— y asistencia a cerca de 100.000 familias. No obstante, el aumento en la actividad de disidencias, como los alías Mordisco y Calarcá, preocupa a especialistas y habitantes locales por igual.

Propuestas desde la sociedad civil y la academia

Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) proponen modelos de gestión comunitaria y vigilancia ciudadana efectivos, que incluyen:

• Creación de comités locales con participación de comunidades, academia y veedurías para supervisar avances.
• Transparencia total con reportes públicos y medibles de cada proyecto y presupuesto.
• Adopción de experiencias regionales exitosas, como la gestión participativa en Antioquia, que ha logrado reducción de violencia y mejor uso de recursos.

La comunidad campesina y urbana del área metropolitana de Bucaramanga exige que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta para evitar repetir errores del pasado y garantizar que la prórroga se traduzca en desarrollo efectivo y seguridad para sus territorios.

¿Seguirá el Estado dejando en el abandono a los municipios PDET de Santander, pese a los millonarios anuncios y la nueva prórroga hasta 2037? La exigencia ciudadana es clara: transparencia, resultados y control social real.

Contexto adicional: Los PDET iniciaron en 2017 con 170 municipios seleccionados, incluyendo varios en Santander. Han existido críticas por bajo impacto en seguridad y desarrollo local, aumentando la presencia de grupos armados ilegales como disidencias y ELN en las zonas. La prórroga por diez años busca extender inversiones, pero sin nuevas garantías de control social.

Fuentes consultadas: Habitantes de Bucaramanga y municipios aledaños, veedurías ciudadanas de Santander, expertos de la UIS, informes de Fundación Ideas para la Paz, debates parlamentarios del Pacto Histórico.