PDET: Comunidades de Santander exigen rendición de cuentas tras prórroga que extiende promesas incumplidas
Prórroga extiende beneficios, pero inseguridad y opacidad persisten en municipios PDET del área metropolitana
PIEDECUESTA/BUCARAMANGA — En el corregimiento de Oiba, Piedecuesta, campesinos y líderes comunales viven con desconfianza la reciente extensión hasta 2037 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aprobada por el Senado. "Han pasado más de ocho años y seguimos esperando mejoras reales. El miedo por la presencia de grupos armados sigue intacto y no vemos un control efectivo", denuncia Juan Carlos Mendoza, agricultor local.
Desde 2017, los PDET han prometido transformar regiones como Piedemonte Caqueteño, que abarca parte del área metropolitana de Bucaramanga, con inversiones que suman 14 billones de pesos y más de 2.000 proyectos reportados a nivel nacional. Sin embargo, la realidad en el territorio dista mucho de esas cifras.
El Senado de la República asegura que la prórroga hasta 2037 garantizará la continuidad administrativa y presupuestal para estas iniciativas. El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto, afirma que es "un gesto de coherencia con las regiones que han puesto el cuerpo y la esperanza en la paz". No obstante, en el terreno, las comunidades exigen mayor transparencia y resultados concretos que aún no se reflejan.
"Seguimos viendo pocas obras y mucha inseguridad. Los proyectos no llegan con la efectividad prometida, y la gente vive con miedo por presencia de grupos armados"
6uan Carlos Mendoza, agricultor y líder comunitario de Oiba, Piedecuesta
Expertos independientes y líderes comunitarios advierten que la implementación del PDET en Santander enfrenta retos estructurales: la presencia persistente de grupos armados ilegales, la exclusión de municipios vulnerables que no fueron incluidos en los programas y la falta de controles transparentes que permitan una verdadera evaluación ciudadana.
Según un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz, las organizaciones armadas ilegales registraron un incremento significativo en el país entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con un crecimiento del 20% en las disidencias de Iván Mordisco y del 18% en el Clan del Golfo, actores con presencia en municipios PDET.
Fiscalización y cifras en cuestión
Las cifras oficiales hablan de 14 billones de pesos invertidos y 2.066 proyectos ejecutados a nivel nacional, con 99.097 familias atendidas. Sin embargo, la comunidad local reporta atraso en la entrega de beneficios y falta de claridad sobre los avances en proyectos específicos de la zona.
Propuestas desde expertos y otras regiones
En respuesta a estos retos, académicos de la Universidad Industrial de Santander recomiendan implementar sistemas de monitoreo comunitario que involucren a las juntas de acción comunal y veedurías independientes para fortalecer la transparencia y el control social sobre la ejecución de los proyectos.
- Integrar tecnología de georreferenciación para reportes en tiempo real y publicarlos en portales ciudadanos abiertos.
- Fortalecer la participación de la comunidad en la planificación y seguimiento de proyectos.
- Adoptar exitosos modelos de seguimiento ciudadano probados en regiones rurales de Antioquia que lograron reducir la corrupción y mejorar la ejecución.
Además, organizaciones campesinas de Piedecuesta exigen que el gobierno implemente mecanismos claros de rendición de cuentas con cronogramas públicos, auditorías regulares y sanciones efectivas para quienes incumplan.
¿La prórroga de los PDET significará una verdadera oportunidad o será solo la continuación de una política con históricas promesas incumplidas para los campesinos y comunidades rurales del área metropolitana de Bucaramanga, que siguen entre la violencia y el abandono estatal?
Contexto adicional: Desde 2017, PDET ha enfrentado fuertes críticas por su lentitud y limitaciones en cobertura en Santander y otras regiones. Las inversiones anunciadas no siempre se reflejan en mejoras palpables. El aumento de violencia por grupos armados ilegales genera incertidumbre sobre la efectividad de estos programas.
Fuentes consultadas: Juan Carlos Mendoza y líderes comunitarios de Piedecuesta, reportes Fundación Ideas para la Paz, expertos académicos UIS, observatorios ciudadanos y Senado de la República.
