PDET: Comunidades de Piedecuesta y Santander alertan ante prórroga sin garantías reales de paz y desarrollo
Prórroga hasta 2037 de PDET despierta dudas en Piedecuesta y Santander sobre continuidad de desarrollo y seguridad
PIEDECUESTA, SANTANDER — María Isabel Peña, lideresa comunitaria de una vereda en Piedecuesta, expresa su preocupación porque, a pesar de los años de inversiones del PDET, "la violencia y el abandono estatal siguen siendo nuestra realidad diaria". Con más de 6 millones de colombianos en 170 municipios en zonas afectadas, esta prórroga anunciada por el Senado genera incertidumbre sobre si realmente llegarán resultados concretos y no solo promesas reiteradas.
Desde 2017 los PDET han prometido transformar el campo en las áreas más castigadas por violencia, pobreza y economías ilegales, con 2.066 proyectos y 14 billones de pesos en inversiones. Sin embargo, los problemas estructurales, como la presencia creciente de disidencias armadas y el limitado alcance estatal, persisten sin soluciones claras en el territorio santandereano.
La administración nacional, a través del Senado, asegura que la prórroga hasta 2037 permitirá corregir bloqueos institucionales y dar continuidad presupuestal y administrativa para fortalecer esos programas, comprometiendo estudios para incluir municipios que quedaron excluidos. Pero no presenta mecanismos concretos para garantizar que las comunidades recibirán un desarrollo real y estable.
Habitantes de municipios PDET en Santander denuncian que las inversiones no se reflejan en mejor calidad de vida ni en seguridad. María Isabel asegura que "las disidencias del ELN y grupos como el Clan del Golfo siguen controlando territorios clave y generando miedo. Exigimos rendición de cuentas y acompañamiento real."
"Si no cambia la estrategia, esta prórroga será otro papel vagabundo más. Necesitamos acciones claras y respeto al campesinado, no más discursos vacíos."
— María Isabel Peña, lideresa comunitaria, Piedecuesta
El concejal de oposición en Bucaramanga, Julián Córdoba, cuestiona la ausencia de rendición de cuentas específicas sobre los recursos invertidos y su impacto real, ya que muchos proyectos no tuvieron continuidad más allá de las etapas iniciales y algunos aún no arrancan.
Datos oficiales señalan la sustitución de 46.092 hectáreas de cultivos ilícitos y atención a casi 100.000 familias, pero expertos independientes advierten que estas cifras no reflejan el aumento de violencia intrarregional ni el control persistente de economías ilegales, factores que minan el desarrollo.
Soluciones desde la academia y experiencia de otras regiones
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan fortalecer los mecanismos de veeduría ciudadana y crear plataformas digitales abiertas que transparenten el avance de proyectos y permitan denuncias en tiempo real. Además, plantean la integración de seguridad territorial con impulso a economía legal sostenible para comunidades campesinas.
- Implementar comités de control ciudadano con capacidad de auditar proyectos y denunciar irregularidades.
- Adoptar modelos de planificación territorial participativa que reduzcan la exclusión y privilegien la voz campesina.
- Incorporar políticas integrales de desarrollo rural que combinen seguridad, educación, salud y producción sostenible.
La comunidad de Piedecuesta y otros municipios en Santander exigen que el gobierno nacional presente cronogramas claros, informes públicos y mecanismos efectivos de seguimiento, para evitar que esta prórroga se convierta en otro periodo sin respuestas reales.
¿Se cumplirán esta vez las promesas largamente incumplidas de los PDET, o seguirán relegando a las comunidades de Santander y otras regiones a la marginación y la violencia?
Contexto adicional: Desde su inicio en 2017, los PDET han enfrentado persistentes críticas por la falta de impacto real en zonas donde persiste la violencia y la economía ilegal. Los informes oficiales muestran inversiones millonarias y proyectos ejecutados, pero la seguridad y el desarrollo social no han avanzado con la misma fuerza.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Piedecuesta, concejales de oposición, expertos de la UIS, veedurías ciudadanas, datos oficiales del Senado y la Fundación Ideas para la Paz.
