PDET: 6 millones de colombianos aún enfrentan violencia y abandono; Santander exige control y resultados
Prórroga hasta 2037 de programas PDET genera expectativas, pero alerta por incremento de disidencias en territorios afectados como Santander
SANTANDER — Habitantes de municipios PDET en Santander, como El Cerrito y El Playón, advierten que la violencia armada y el abandono estatal siguen siendo una constante pese a las promesas y prórrogas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). "Los anuncios de inversión y extensión del programa no cambian lo que vivimos en el día a día: la inseguridad crece y las calles siguen olvidadas", afirma Juan Carlos Gómez, líder comunitario en El Cerrito.
Desde 2017, los PDET prometen transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza y el abandono del Estado. Sin embargo, para aproximadamente 6,6 millones de colombianos, entre ellos miles en Santander, esa promesa sigue siendo un anhelo lejano ante el aumento de las disidencias armadas y la falta de supervisión efectiva.
El Senado aprobó esta semana extender la vigencia de los PDET hasta 2037 con la expectativa oficial de garantizar continuidad administrativa y recursos para proyectos locales. Sin embargo, expertos y comunidades advierten que sin mecanismos claros de rendición de cuentas y participación ciudadana, la ampliación solo prolongará la precariedad estructural.
"Más allá de las cifras y proyectos presentados, la realidad en municipios PDET como El Cerrito muestra aumento en la violencia y falta de inversión real. La gente está cansada de promesas sin resultados palpables"
— Juan Carlos Gómez, líder comunitario El Cerrito
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, las disidencias que operan en territorios PDET han crecido en porcentajes de hasta 20% en el último año. En Santander, esta dinámica amenaza la implementación efectiva de programas sociales y de seguridad, un aspecto que los anuncios oficiales omiten.
La académica Karla Moreno, profesora de la Universidad Industrial de Santander (UIS), señala que "sin evaluación crítica y control ciudadano, estos programas corren el riesgo de volverse elefantes blancos, que consumen recursos pero no transforman vidas". Propone implementar sistemas de vigilancia comunitaria y veedurías independientes que fiscalicen la ejecución y el destino de los recursos públicos.
Fiscalización y transparencia: exigencias ciudadanas en Santander
Organizaciones sociales y veedurías locales de municipios PDET en Santander exigen la publicación detallada y periódica de avances, la inclusión efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y sanciones claras ante incumplimientos.
- Implementar veedurías comunitarias con autonomía y recursos para monitoreo
- Realizar auditorías públicas y transparentes a proyectos ejecutados
- Promover participación activa de las Juntas de Acción Comunal en planificación y seguimiento
Estos mecanismos han dado resultados positivos en otras regiones como el Catatumbo, donde la colaboración entre comunidades y academia logró mejorar la implementación y reducir la corrupción en proyectos PDET.
En Colombia, a nivel internacional, modelos de participación ciudadana en programas territoriales en México y Brasil evidencian que la transparencia y el control social son clave para evitar la repetición de patrones de abandono y violencia.
¿Logrará el gobierno nacional convertir esta prórroga en un proceso efectivo y transformador para las comunidades de Santander, o será solo una prolongación más de políticas con baja vigilancia y escasa participación ciudadana? Los habitantes no quieren más retrasos ni promesas vacías.
Contexto: El PDET inició en 2017 con más de 2.000 proyectos y 14 billones de pesos invertidos a la fecha, pero la creciente presencia de disidencias armadas y la falta de mecanismos de control local ponen en duda la efectividad de estas inversiones para mejorar realmente la calidad de vida de los afectados.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Santander, académicos UIS, Fundación Ideas para la Paz, organizaciones sociales locales, Senado de la República.
