PDET: 10 años más de promesas para el campo mientras crecen economías ilícitas y violencia en Santander
A pesar de la prórroga, campesinos y expertos del área metropolitana de Bucaramanga denuncian rezagos y amenazas armadas
SANTANDER — Juan Carlos Gutiérrez, productor agrícola de una vereda cercana a Floridablanca incluida en el programa PDET, expresa su frustración: "Llevamos más de cinco años con promesas que no llegan. La violencia, las economías ilícitas y la ausencia del Estado siguen siendo nuestro día a día". Según él, muchas de las inversiones anunciadas no se ven reflejadas en mejoras palpables para las comunidades rurales del área metropolitana.
Recientemente, el Senado de la República aprobó extender la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta el 2037, afirmando que garantizará inversiones a las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado, como las que habitan en municipios rurales cercanos a Bucaramanga y el departamento de Santander.
En contraste, comunidades campesinas y expertos locales advierten que, aunque se anuncien miles de millones en inversiones —más de 14 billones de pesos y más de 2.000 proyectos ejecutados a nivel nacional—, en la práctica persisten condiciones de pobreza, abandono estatal y un incremento en la presencia de grupos armados al margen de la ley en la región.
"Aquí seguimos con cultivos ilícitos porque no hay alternativas reales, y la violencia de grupos armados crece mientras el Estado no cumple sus promesas"
— Juan Carlos Gutiérrez, campesino en vereda rural de Floridablanca
El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto en Senado, asegura que la prórroga de 10 años permitirá corregir bloqueos institucionales y ampliar la cobertura del programa a municipios excluidos inicialmente. No obstante, no se aclara cómo se resolverán problemas críticos como la exclusión de municipios cercanos a Bucaramanga que enfrentan dinámicas similares de violencia y pobreza.
Organizaciones independientes como la Fundación Ideas para la Paz reportan que la actividad armada ilegal aumentó significativamente entre finales de 2024 e inicios de 2025 en regiones PDET, con crecimientos de hasta 20% en disidencias como las del alias Iván Mordisco y del Clan del Golfo, lo que contrasta con las cifras oficiales de proyectos ejecutados.
Expertos en desarrollo rural y paz de la Universidad Industrial de Santander (UIS) explican que la prórroga solo tendrá impacto real si se implementan mecanismos de control ciudadano, transparencia en la ejecución y programas efectivos de sustitución de economías ilícitas con opciones productivas y asociativas.
Fiscalización y propuesta ciudadana
La comunidad rural de Santander y el área metropolitana reclama la inclusión de sus territorios en procesos de planeación participativa. Proponen además un modelo de seguimiento con participación de veedurías ciudadanas, control social y acompañamiento técnico independiente para asegurar que los recursos se traduzcan en resultados concretos.
- Implementación de observatorios ciudadanos para monitorear el avance y destino de los recursos del PDET en Santander.
- Promoción de proyectos productivos diversificados que reemplacen las economías ilícitas.
- Fortalecimiento de mecanismos de seguridad comunitaria y apoyo integral para víctimas del conflicto armado.
Sin estos ejes, advierten los especialistas, las inversiones prometidas pueden seguir siendo letra muerta en territorios donde el abandono estatal ha sido la norma durante décadas.
¿Podrá la prórroga para los PDET traducirse en cambios visibles para las comunidades del área metropolitana de Bucaramanga y Santander, o será una oportunidad más perdida marcada por la persistencia de violencia y exclusión estatal? Los campesinos y expertos exigen respuestas concretas y rendición de cuentas.
Contexto adicional: Desde 2017, cuando se inició el proceso PDET, se han concertado miles de iniciativas, pero el progreso real es cuestionado ante la expansión reciente de grupos armados ilegales y la limitada ejecución efectiva en territorios rurales del área metropolitana.
Fuentes consultadas: Campesinos de la vereda rural de Floridablanca, Fundación Ideas para la Paz, Universidad Industrial de Santander, Senador Carlos Alberto Benavidez, organizaciones de veeduría ciudadana regional, informes oficiales del Senado y Ministerio de Agricultura.
