Paola Andrea Mateus: la “humanidad” jurídica que calla ante los escándalos de Bucaramanga

Mientras la administración de Bucaramanga ha enfrentado escándalos como el caso de la chatarra y contratos cuestionados, la secretaria jurídica Paola Andrea Mateus ha optado por un silencio que incomoda y una gestión que muchos consideran más decorativa que efectiva. Su imagen pública se viste de conciliación y humanidad, pero en la práctica, evade pronunciarse sobre los temas más graves que comprometen la transparencia del gobierno local.

En las crónicas que ella misma promueve, se presenta como una abogada que “humaniza el derecho”, “tiende puentes” y “pone al ciudadano en el centro”. Sin embargo, fuera de ese discurso, la ciudad la conoce por su mutismo frente a los grandes problemas jurídicos que aquejan a la alcaldía. Casos como el contrato de disposición de chatarra, las licitaciones con presuntos direccionamientos o las demandas millonarias contra el municipio no han contado con una defensa pública sólida de su parte, ni con explicaciones que garanticen transparencia y control ciudadano.

Esa actitud genera suspicacias en un cargo que, más que declaraciones inspiradoras, exige respuestas jurídicas contundentes y una vigilancia activa de los recursos públicos. La Secretaría Jurídica debería ser el bastión de la defensa institucional, no una oficina hermética que solo abre la boca para difundir mensajes de buena voluntad.

En entrevistas y apariciones públicas, Paola Andrea Mateus narra episodios de conciliación entre particulares, la experiencia en la universidad pública y su paso por programas de liderazgo, pero evita cualquier referencia a los escándalos que comprometen la administración que representa. No hay menciones a los cuestionamientos de contratación, al manejo de inventarios públicos ni a los fallos que podrían golpear las finanzas de Bucaramanga. El contraste es notorio: mientras proyecta una imagen de gestora comprometida, la realidad jurídica de la ciudad sigue plagada de silencios oficiales.

En un contexto en el que los ciudadanos piden claridad sobre las actuaciones del gobierno local, su rol ha sido el de una funcionaria que prefiere resaltar proyectos de parques y actividades de liderazgo antes que responder por los procesos que pueden costar millones al erario. La “humanidad” que proclama no alcanza para blindar los intereses públicos cuando la falta de pronunciamientos alimenta la percepción de que la Secretaría Jurídica actúa más como escudo político que como defensoría de lo colectivo.

Ese vacío no es menor: en materia jurídica, callar ante un posible detrimento puede ser tan grave como participar de él. La omisión también se mide en consecuencias, y los ciudadanos tienen derecho a exigir que la funcionaria que ostenta la vocería jurídica del municipio explique, actúe y defienda con la misma energía con la que se presenta en entrevistas inspiradoras.