Otra vez el desorden: Bucaramanga vive el caos del carril exclusivo de Metrolínea
En Bucaramanga, el carril exclusivo de Metrolínea refleja la anarquía urbana: sanciones por invasión, transporte público ineficiente y una administración que vive de operativos mediáticos en vez de soluciones reales.
La carrera 15 de Bucaramanga se ha convertido en el retrato del desorden urbano: invasión constante de motociclistas y conductores particulares al carril exclusivo de Metrolínea, operativos a medias, sanciones que no solucionan nada y una administración municipal incapaz de poner orden real en la movilidad.
La Dirección de Tránsito anunció con entusiasmo que en los últimos días inmovilizó 56 motocicletas y sancionó a 14 vehículos particulares por invadir el corredor exclusivo entre la avenida Quebradaseca y la calle 45. Pero detrás de estas cifras, la ciudad sabe que el problema persiste y que los operativos son apenas un paliativo. Lo cierto es que Bucaramanga no tiene autoridad suficiente para garantizar el respeto a las normas de tránsito.
Los agentes, apostados en la zona, han intentado reforzar controles. Sin embargo, el tráfico caótico, la lentitud del transporte público y la desconfianza ciudadana en un sistema masivo venido a menos empujan a miles de conductores a tomar por la fuerza lo que la institucionalidad no resuelve. El resultado es una capital sumida en la anarquía vial, donde las reglas solo se aplican de manera intermitente.
La contradicción es evidente: mientras se sanciona a quienes buscan atajos por la desesperación del tráfico, Metrolínea sigue agonizando entre deudas, buses insuficientes y un servicio que no responde a las necesidades de los usuarios. En vez de ordenar el sistema y ofrecer soluciones reales, la Alcaldía prefiere montar retenes y aplaudirse por capturar a decenas de infractores que, apenas horas después, serán reemplazados por otros tantos.
La ciudadanía lo expresa sin tapujos: “Nos sancionan porque invadimos, pero los buses se demoran demasiado. Uno se mete por el carril por necesidad”, dice un motociclista afectado. Y otro añade: “Es cierto que no deberíamos, pero el sistema no funciona; el problema es más grande que una multa”. Palabras que reflejan el malestar colectivo y la falta de confianza en la gestión municipal.
El Tribunal Administrativo de Santander ya había advertido a los alcaldes metropolitanos que deben implementar planes integrales contra el transporte informal y garantizar el funcionamiento del carril exclusivo. Sin embargo, lo que se ve en las calles es una ciudad donde la norma existe, pero el Estado carece de la capacidad y la voluntad para hacerla cumplir con justicia y continuidad.
