Norte de Santander: Vecinos y víctimas denunciamos persistencia de secuestros en Catatumbo pese a supuestas liberaciones
La liberación de 11 secuestrados en Catatumbo no frena el aumento de violencia y desplazamiento en la región
NORTE DE SANTANDER — Andrés López, habitante del municipio de Tibú, vive con temor desde hace meses. "Cada día que pasa en Catatumbo, crece la incertidumbre y el miedo. Nos liberan a algunos, pero la violencia no para, y muchas familias siguen desaparecidas", denuncia este vecino afectado por la inseguridad en la zona rural cercana a Bucaramanga.
El pasado mes de enero, once personas permanecieron secuestradas por el ELN en la convulsa región del Catatumbo. Luego de más de diez meses de cautiverio, una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo recibió a los liberados; sin embargo, la sensación de alivio se ve opacada por la persistente crisis de seguridad que afecta a los municipios de Tibú y El Tarra.
La liberación, celebrada oficialmente, oculta un problema estructural: los grupos armados ilegales mantienen el control territorial en las zonas rurales, afectando severamente la seguridad y causando desplazamientos forzados. Activistas y víctimas locales denuncian que solo en la última semana se reportaron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y a disidencias de las FARC en la región.
"Nos liberan a algunos, pero cada día hay más desaparecidos y nadie nos da respuestas claras ni protección"
— Ana María Fernández, víctima y líder comunitaria en Tibú
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, asegura que la falta de presencia efectiva del Estado y el control ilegal del territorio por parte de grupos armados generan un clima de inseguridad permanente. En lo que va del año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y otros seis desaparecidos, cifras que reflejan el incumplimiento de las garantías prometidas.
Las autoridades estatales aseguran que se avanza en los procesos de seguridad y atención humanitaria, pero las cifras y testimonios contradicen esta versión. Mientras tanto, las comunidades afectadas exigen acceso pleno a la región para organismos humanitarios y garantías reales de protección para los habitantes.
Soluciones desde la academia y organizaciones civiles
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan fortalecer mecanismos comunitarios de alerta temprana y coordinación con fuerzas estatales, además de instalar corredores humanitarios para garantizar el acceso de ayuda y supervisión internacional.
- Implementación de sistemas de alerta temprana con participación ciudadana
- Corredores humanitarios para atención inmediata y segura
- Supervisión internacional permanente que garantice cumplimiento de acuerdos y proteja a firmantes
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y ONG nacionales han hecho llamados reiterados para que el gobierno nacional cumpla con la garantía de no repetición, pero hasta ahora sin resultados visibles en la región.
La comunidad del Catatumbo y de Norte de Santander exige al Estado que rinda cuentas claras y cumpla con las garantías de seguridad y dignidad prometidas, evitando que las liberaciones de víctimas sean solo un paliativo frente a una crisis estructural que mantiene a miles bajo amenaza permanente.
Contexto adicional: La violencia en el Catatumbo persiste con numerosos secuestros y desapariciones reportadas este año, pese a la firma del Acuerdo de Paz. Los firmantes siguen siendo víctimas de asesinatos y desplazamientos forzados, evidenciando un grave incumplimiento de las políticas de reincorporación y seguridad.
Fuentes consultadas: Víctimas afectadas, líderes comunitarios, voceros de ONG, expertos de la UIS, informes oficiales de ARN y Defensoría del Pueblo.
