Norte de Santander: once liberados tras secuestro del ELN, violencia crece
Persistente violencia y secuestros mantienen en jaque a comunidades rurales del Catatumbo
NORTE DE SANTANDER — Vecinos y familiares en Tibú y El Tarra viven entre el temor y la desconfianza tras la liberación de once personas que permanecieron secuestradas más de diez meses por el ELN. Aunque las víctimas ya están con sus familias, la inseguridad no da tregua y las desapariciones continúan elevándose en esta zona rural del Catatumbo.
Desde enero pasado, nueve hombres y dos mujeres de municipios clave en la región permanecían bajo control del ELN, en un contexto de aumento notorio de la violencia y el secuestro, a pesar de la presencia estatal.
La Comisión Humanitaria integrada por Cruz Roja Internacional, Iglesia Católica, ONU y Defensoría del Pueblo confirmó la liberación, pero esta acción aislada contrasta con el incremento de casos: en solo una semana, se reportaron más de diez desapariciones en Tibú atribuibles al ELN y disidencias de las FARC.
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, recordó que el control territorial de grupos armados ilegales sigue activo y afecta severamente la seguridad ciudadana en varios sectores rurales.
"La liberación es un alivio, pero la violencia no cede. Seguimos viendo familias destruidas, desaparecidos y asesinatos que el Estado no logra detener"
— Carlos Gómez, familiar de desaparecido en Tibú
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en la región denunció que en lo corrido de 2025 seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. Esta cifra evidencia que la implementación de los acuerdos de paz no garantiza protección efectiva.
Fiscalización exigida sobre cifras y presencia estatal
Los datos oficiales contrastan con la realidad del terreno, donde la violencia continúa creciendo. La presencia institucional es mínima y la respuesta a las comunidades es lenta o inexistente.
Propuestas desde la academia y organizaciones sociales
Expertos en seguridad regional y organizaciones humanitarias plantean la necesidad de un despliegue permanente y sin restricciones para garantizar el acceso humanitario y protección integral en zonales afectadas por la violencia armada.
- Implementación de corredores humanitarios con participación de la comunidad y veedurías independientes para monitoreo constante.
- Presencia reforzada y efectiva de fuerzas públicas coordinadas para proteger a habitantes y excombatientes en proceso de reincorporación.
- Programas de apoyo psicosocial y socioeconómico para familias víctimas de secuestro y desaparición.
Las organizaciones reiteran que sin estas medidas el riesgo para las comunidades y la impunidad persistirán.
¿Podrá el Estado garantizar la seguridad y acceso pleno que demandan las víctimas y sus comunidades o seguirá relegando estas zonas rurales a la violencia y el abandono?
Contexto adicional: Desde enero 2025, al menos 11 personas liberadas del ELN, mientras la región reporta más de 10 desapariciones semanales. Seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y 19 desplazados o confinados por violencia persistente.
Fuentes consultadas: Familiares de víctimas, voceros regionales, Agencia para la Reincorporación y Normalización, ONG humanitarias, expertos independientes en seguridad regional, Comisión Humanitaria.
