Norte de Santander: familias exigen seguridad tras liberación de secuestrados del ELN en el Catatumbo

La región vive aumento de secuestros y violencia; el Estado sigue sin garantizar seguridad ni derechos

NORTE DE SANTANDER/BUCARAMANGA — "Mi hermano fue uno de los once liberados tras casi once meses de secuestro en el Catatumbo, pero la angustia no termina", asegura Ana María López, familiar de uno de los liberados que reside en Tibú. Las heridas de la comunidad son profundas mientras los grupos armados mantienen el control en sectores rurales, y el Estado sigue ausente en la garantía de seguridad y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

El pasado mes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a nueve hombres y dos mujeres que estaban secuestrados desde enero en la zona rural de Tibú y El Tarra. La entrega fue posible gracias a la mediación de la comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la liberación no puede ocultar el preocupante aumento de secuestros y desapariciones que aquejan a la región. Solo en la última semana, autoridades locales reportaron más de diez desapariciones en Tibú atribuidas a grupos armados ilegales, incluido el ELN y disidencias de las FARC. Esta realidad incrementa la preocupación en Bucaramanga y toda el área metropolitana, ciudad donde viven familiares de estas víctimas y excombatientes que enfrentan amenazas constantes.

"La inseguridad no es un problema lejano. Aquí en Bucaramanga tenemos familiares desaparecidos, y la impunidad sigue siendo una constante. Exigimos al Estado que actúe con urgencia y garantice la protección de la comunidad"

— Carlos Gómez, residente de Girón y familiar de víctima del Catatumbo

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados este año, mientras otros seis permanecen desaparecidos. Además, 19 firmantes continúan confinados por la violencia persistente. Estos datos reflejan el incumplimiento sistemático de las garantías que el Estado debería brindar a quienes apostaron por la paz.

Versión oficial con escepticismo: La comisión humanitaria y algunos voceros institucionales aseguran que la liberación es un avance humanitario, y llaman a la comunidad a mantener la esperanza. Pero estas palabras no responden a la ausencia prolongada del Estado ni a la falta de un plan integral para la región.

Voces críticas de expertos y veedurías: La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales de Norte de Santander insisten en la necesidad de acceso pleno a la región para apoyar a las comunidades afectadas. Expertos en derechos humanos advierten que mientras no haya presencia estatal efectiva, la inseguridad y el control territorial por parte de grupos armados ilegales continuarán.

Fiscalización de la gestión estatal: Aunque se anunciaron operativos y estrategias de seguridad, la realidad en el Catatumbo evidencia una presencia militar débil y falta de protección a la población civil. El Estado debe entregar datos detallados sobre recursos ejecutados y resultados concretos para superar la crisis.

Propuestas desde expertos y experiencias internacionales:

• Implementar comités de control territorial con participación directa de la comunidad, como en el Departamento de Putumayo, donde estas estrategias han logrado reducir la violencia en un 30%.
• Garantizar el acceso humanitario sin restricciones para entidades independientes que brinden atención psicosocial y jurídica a víctimas y desplazados.
• Fortalecer programas de protección y acompañamiento para firmantes del Acuerdo de Paz, con monitoreo permanente realizado por veedurías ciudadanas.

La comunidad en Bucaramanga y municipios vecinos debe exigir un compromiso claro y acciones concretas que superen discursos y promesas incumplidas.

¿Hasta cuándo seguirá la impunidad y la inseguridad afectando a las familias santandereanas? Los ciudadanos exigen al Estado rendición de cuentas y mecanismos transparentes para garantizar su seguridad.

Contexto adicional: El Catatumbo atraviesa un recrudecimiento de la violencia con presencia del ELN y disidencias FARC. Desde enero, han sido liberadas once personas pero se reportan decenas de desapariciones. El área metropolitana de Bucaramanga siente el impacto directo por lazos familiares y sociales con la región.

Fuentes consultadas: Familiares de víctimas, residentes de Girón, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y expertos independientes en derechos humanos.