Norte de Santander: comunidad exige protección real tras liberación de secuestrados en Catatumbo
Persistencia de violencia y secuestros en Catatumbo muestra fracaso en política de seguridad estatal
NORTE DE SANTANDER — Familiares y vecinos en los municipios de Tibú y El Tarra viven con incertidumbre y miedo tras la liberación de once personas secuestradas por el ELN desde enero. "Cada día que pasaba sin noticias, el temor crecía. Ahora que llegaron, exigimos que el Estado garantice protección real y no de papel", relata un familiar afectado que prefiere mantener el anonimato.
Desde inicios de 2025, el ELN mantuvo en cautiverio a nueve hombres y dos mujeres residentes en Tibú y El Tarra, quienes solo fueron liberados después de diez meses y dieciséis días, en una operación que involucró a la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, este episodio pone en evidencia el incremento de los secuestros y la disputa territorial que mantienen grupos armados ilegales en el Catatumbo. Según Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, "los grupos armados mantienen control en sectores rurales, generando zozobra y afectando la seguridad de la población civil".
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que, en lo que va del año, seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos, mientras que más de 200 firmantes han tenido que desplazarse forzosamente por la violencia.
"Estamos cansados de la violencia y la impunidad. El Estado nos deja solos frente a grupos armados que actúan con total libertad en nuestros territorios"
— Líder comunitario, municipio de Tibú
La falta de un control estatal efectivo y la insuficiente presencia de las fuerzas públicas en el Catatumbo genera un vacío de poder que aprovechan estos grupos armados para mantener sus actividades ilícitas, advierten expertos en seguridad regional.
Además, organizaciones humanitarias exigen que se garantice el acceso pleno y seguro a estas zonas para poder brindar atención a las comunidades afectadas, que en muchos casos quedan aisladas y sin garantías básicas de seguridad y derechos.
Propuestas para romper el ciclo de violencia
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y organizaciones sociales de Norte de Santander proponen:
- Implementar rutas de protección comunitaria con presencia permanente de la fuerza pública en municipios críticos del Catatumbo, coordinadas con líderes locales.
- Fortalecer los mecanismos de denuncia y protección a víctimas con apoyo de veedurías ciudadanas que supervisen la ejecución de políticas públicas.
- Garantizar el acceso humanitario pleno con acompañamiento de organismos internacionales para evitar que comunidades queden aisladas.
Los habitante del área metropolitana de Bucaramanga, aunque distantes de la zona en conflicto, también solicitan a las autoridades departamentales priorizar políticas integrales de seguridad y atención a víctimas que permitan no solo la liberación de cautivos sino la reconstrucción social de estos territorios.
Ante la reciente liberación, la comunidad en Tibú y El Tarra expresa con firmeza que no basta con anuncios sino que se exija una rendición de cuentas clara con cronogramas públicos y participación ciudadana para que esta situación no se convierta en un ciclo repetitivo de secuestros y violencia.
Contexto adicional: En 2025, la región del Catatumbo ha visto incrementos en secuestros, asesinatos y desplazamientos. La ARN reporta 223 firmantes de paz desplazados y 19 confinados. La presencia estatal continúa siendo limitada y la violencia afecta a cientos de familias.
Fuentes consultadas: Víctimas liberadas y sus familiares, líderes comunitarios de Tibú, Organizaciones humanitarias, ARN, expertos en seguridad UIS, y versiones oficiales contrastadas para análisis crítico.
