Nombramientos cuestionados sacuden la Unidad de Víctimas: Santander en el ojo del huracán político
La crisis de confianza se agrava mientras más voces desde Santander exigen que la atención a las víctimas no sea rehén de intereses políticos, sino un espacio institucional respetuoso de la ética pública y con compromiso real por reparar el daño causado por el conflicto.
En Santander, un reciente escándalo político ha sacudido la confianza ciudadana: la Unidad de Víctimas, entidad clave para la atención y reparación de quienes sufrieron el conflicto armado, ha sido ocupada por personas vinculadas a cuotas políticas, muchas sin experiencia en lo humanitario y con cuestionamientos vinculados a redes ilegales. Bajo la dirección de Adith Rafael Romero, nombrado en junio, se cuestiona la transparencia y legitimidad del proceso de selección
Desde territorio santandereano, esta situación resuena fuerte porque los recursos de la entidad, valuados en cerca de cuatro billones de pesos, se destinan directamente a la región. Se critica que figuras como Alfonso Eljach —exalcalde de Barrancabermeja—, el senador Gustavo Moreno y Jairo Castellanos hayan influido en los nombramientos, colocando a discreción de sus redes políticas a familiares y aliados sin trayectoria en atención a víctimas El País.
Se acusa que Freddy Quintero, investigado por presuntos vínculos con el ELN, y Sergio Agón Martínez, vinculado al clan Aguilar, hacen parte del contenido de estas designaciones. También se cuestiona el uso político de bienes públicos: Adith Romero incluso promocionó productos de Omnilife desde su despacho oficial, utilizando espacios institucionales para fines personales El País.
Desde el oriente santandereano, comunidades y organizaciones sociales exigen claridad, meritocracia y compromiso real con las víctimas: "Esto no puede ser una repartija de cargos; son vidas las que están en juego".
