Municipios PDET en Santander: ¿prórroga que garantiza paz o más promesas incumplidas?
Prórroga de PDET enfrenta la realidad de violencia y abandono en municipios rurales de Santander
SANTANDER/PIEDECUESTA — Don Miguel Ángel, campesino del corregimiento de Provenza en Piedecuesta, declara con frustración que lleva años escuchando promesas de desarrollo y seguridad que nunca llegan. "Nos hablan de inversiones y proyectos, pero seguimos sin garantías para vivir tranquilos ni caminos en buen estado para sacar lo que producimos", dice mientras muestra la carretera llena de baches que conecta su vereda con el casco urbano.
El Senado de la República aprobó recientemente la prórroga hasta 2037 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales incluyen municipios de Santander y buscan garantizar continuidad en inversiones. Sin embargo, esta extensión llega en medio de un contexto donde la violencia y la presencia de grupos armados ilegales, como disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, generan zozobra en las comunidades rurales que deberían beneficiarse.
Las autoridades nacionales aseguran que la prórroga permitirá consolidar proyectos de desarrollo estructural que transformen el campo y mejoren la calidad de vida de aproximadamente 6,6 millones de colombianos en 170 municipios. No obstante, campesinos y líderes comunitarios de municipios PDET en el área metropolitana de Bucaramanga, como Girón y Piedecuesta, cuestionan la efectividad y la priorización de estas iniciativas.
"Nos prometen desarrollo desde 2017, pero la inseguridad crece y los caminos siguen destruidos. Sin seguridad ni infraestructura, los proyectos son solo papeles y discursos",
— Ana María Castillo, líder campesina de la vereda La Esperanza, Girón
Expertos de la Universidad Industrial de Santander advierten que, aunque las inversiones reportadas superan los 14 billones de pesos y más de 2.000 proyectos ejecutados, la presencia persistente de economías ilícitas y grupos armados ilegales limita la transformación real de estos territorios.
La Fundación Ideas para la Paz reportó un aumento considerable en el accionar de grupos como las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo en la región, cifras que contrastan con los anuncios oficiales de progreso y sustitución de cultivos ilícitos.
Fiscalización y propuestas desde la academia y la comunidad
Investigadores independientes y organizaciones sociales sugieren que para lograr un avance efectivo en la paz territorial se requieren mecanismos de control ciudadano más estrictos, transparencia en la ejecución presupuestal y una agenda que priorice la seguridad como base para cualquier proyecto productivo o social.
- Implementación de veedurías ciudadanas con participación directa de las comunidades para seguimiento de proyectos.
- Focalización de intervenciones en zonas con mayor presencia de estructuras ilegales para garantizar condiciones básicas de seguridad.
- Aplicación de modelos de desarrollo rural integral que integren soluciones de infraestructura, capacitación, seguridad y acceso a mercados sustentables, basados en experiencias exitosas de Antioquia y Cauca.
La comunidad campesina del área metropolitana exige que la Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades departamentales establezcan cronogramas claros, públicos y con indicadores medibles para la ejecución de los planes PDET en Santander, acompañado de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
¿La prórroga hasta 2037 será realmente una oportunidad para transformar la realidad de los municipios PDET en Santander o se convertirá en una nueva promesa sin cumplimiento? La vigilia y vigilancia ciudadana serán esenciales para evitar que este programa se quede en buenas intenciones.
Contexto adicional: El Programa PDET comenzó en 2017 con amplia participación local, pero presenta retos persistentes en seguridad y desarrollo productivo. Según cifras oficiales, se han sustituido cerca de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos y atendido a casi 100.000 familias, sin que ello elimine las condiciones de violencia y abandono en la región.
Fuentes consultadas: Campesinos y líderes comunitarios de Piedecuesta y Girón, expertos académicos de la UIS, Fundación Ideas para la Paz, informes oficiales del Senado y defensores de derechos humanos.
