Multa millonaria destapa abuso en Palonegro: concesión direccionaba transporte hacia una sola empresa

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de más de 300 millones de pesos a Aeropuertos de Oriente S.A.S., concesionaria del Aeropuerto Internacional Palonegro, por favorecer de manera descarada a una sola empresa de taxis y restringir la libre elección de los usuarios. Un castigo que revela años de abusos y componendas que habían convertido al transporte desde la terminal aérea en un monopolio encubierto.

La sanción, oficializada mediante la Resolución 13627 del 3 de septiembre de 2025, es el resultado de un incumplimiento reiterado: Aeropuertos de Oriente ignoró la orden expresa de garantizar libertad plena a los pasajeros para escoger el servicio de transporte terrestre al salir de la terminal. En lugar de cumplir, continuó direccionando a los usuarios hacia el Consorcio Taxi Aeropuerto, cerrando el paso a otros operadores legalmente habilitados.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, fue enfático: “La multa es de 250 UVB, más de 300 millones de pesos. Y si persisten en estas prácticas, no dudaremos en imponer sanciones sucesivas”. El mensaje es claro: se acabó el tiempo de los arreglos oscuros que beneficiaban a unos pocos a costa de la libertad y el bolsillo de los pasajeros.

Desde el Ministerio de Transporte, la ministra Mafe Rojas respaldó la medida y lanzó un campanazo político: “No toleraremos prácticas que limiten la libre elección ni que pongan en riesgo la seguridad y la calidad del servicio en nuestras terminales”. La frase va más allá de lo administrativo: golpea el corazón de un esquema que, durante años, operó bajo la lógica de los privilegios, sin que nadie levantara la voz.

El silencio de Aeropuertos de Oriente tras la sanción es tan elocuente como preocupante. Hasta ahora no ha emitido pronunciamiento alguno, pese a que la resolución deja claro que la concesión podrá interponer recursos de reposición. Pero la indignación ciudadana crece: ¿cómo es posible que una empresa encargada de administrar una infraestructura pública convierta el transporte en un negocio cerrado, dirigido y vigilado en función de intereses particulares?

Este episodio revela, una vez más, que detrás del aeropuerto más importante de Santander se han tejido relaciones de poder que nada tienen que ver con el servicio a los usuarios. Lo que debía ser una concesión transparente y eficiente terminó siendo un terreno fértil para restricciones, direccionamientos y favoritismos que afectaron la competitividad del sector transporte y la libertad de elección de miles de pasajeros.

La multa de la Superintendencia no es solo un castigo económico: es un golpe a un modelo viciado. Pero ahora surge la pregunta de fondo: ¿será suficiente con una sanción o es necesario abrir investigaciones más profundas que determinen responsabilidades individuales, políticas y contractuales? Porque lo que se evidencia en Palonegro no es un error administrativo, sino una práctica sistemática que raya en la corrupción.