Motorizados en Bucaramanga denuncian que inmovilizaciones afectan su sustento diario ante falta de apoyos reales
Multas e inmovilizaciones sin acompañamiento agravan la crisis de conductores informales en Bucaramanga
BUCARAMANGA — Andrés, domiciliario del barrio Centro, lleva más de tres días sin poder trabajar tras la inmovilización de su moto por falta de pago de documentos. "Tres días sin trabajar significa tres días sin ingresos para mi familia. Esto no es solo un control, es una sentencia para nosotros", denuncia.
En Bucaramanga, cientos de motorizados que usan su vehículo para generar ingresos enfrentan la amenaza constante de multas y la inmovilización, que se traduce en días sin trabajo y difícil acceso a recursos para cumplir las obligaciones legales como SOAT y tecnomecánica.
La propuesta del candidato a la alcaldía Carlos Bueno, conocido como "El Barbas", plantea facilitar créditos blandos para que los conductores puedan ponerse al día con sus documentos y evitar que la sanción les quite el único sustento. Sin embargo, esta propuesta no aborda la raíz del problema: la falta de políticas públicas integrales que atiendan la informalidad y situación socioeconómica de estos trabajadores.
"Me inmovilizaron la moto. Tres días sin trabajar. Tres días sin ingresos." expresa Andrés, domiciliario del Centro, manifestando el desgaste económico que afecta a familias enteras. Otros motorizados como Marta, jefa de hogar del sector Norte, señalan que "pagar todo junto me deja sin mercado", evidenciando la presión económica que enfrentan.
"La multa se paga, pero lo que no se recupera es el tiempo, el dinero y el trabajo perdido. Ese control terminó en una nevera vacía."
— Jorge, conductor particular de Cabecera
A pesar de que la Alcaldía de Bucaramanga mantiene los controles estrictos para el cumplimiento de la ley, no existen mecanismos efectivos de acompañamiento o flexibilización más allá de iniciativas partidistas en campaña. La ausencia de apoyos profundiza la pobreza y limita la movilidad económica de quienes trabajan en este sector.
La ONG local "Vía Libre" denuncia que, aunque sanciones y controles son necesarios, la falta de programas de apoyo y financiamiento accesible para conductores vulnerables perpetúa un círculo de exclusión social y económica.
Fiscalización de datos y ejecución
Según cifras oficiales, más del 60% de las motos inmovilizadas en Bucaramanga corresponden a conductores con dificultades para enfrentar pagos en una sola cuota. Sin embargo, no existen informes públicos ni datos claros sobre programas sociales o líneas de crédito efectivas que mitiguen este impacto.
Propuestas desde la academia y experiencias internacionales
Expertos en movilidad urbana de la Universidad Industrial de Santander recomiendan implementar sistemas de pago fraccionado y subsidios temporales para motorizados en situación de vulnerabilidad, combinados con campañas educativas y programas de formalización progresiva.
- Pago en cuotas y refinanciamiento según ingresos, como en Medellín, que redujo un 30% las inmovilizaciones y mejoró la recaudación.
- Creación de un fondo de apoyo temporal para motorizados en emergencia, con líneas de crédito subsidiadas y sin intereses excesivos.
- Fomento a la formalización mediante asesoría y simplificación administrativa, para que más conductores accedan a beneficios y seguridad social.
La veeduría ciudadana y líderes comunitarios exigen a la Alcaldía de Bucaramanga la implementación de políticas públicas efectivas, con cronogramas claros y mecanismos de seguimiento transparente que no conviertan a los motorizados en víctimas constantes de sanciones.
¿La administración local responderá a este llamado o seguirá negando apoyo a quienes dependen de la moto para llevar sustento a sus hogares? Las familias esperan acciones concretas y no discursos de campaña.
Contexto adicional: Actualmente, las sanciones y multas se imponen sin alternativas de pago accesible ni soporte social real para los conductores vulnerables. La informalidad y la precariedad económica agravan esta problemática en Bucaramanga.
Fuentes consultadas: Conductores afectados, ONG Vía Libre, expertos de la Universidad Industrial de Santander, veedurías ciudadanas y líderes comunitarios. La Alcaldía fue contactada sin respuesta al cierre.
