Madre prófuga tras condena por homicidio de su hijo: justicia y protección al menor en entredicho en el área metropolitana de Bucaramanga

Fallas del sistema judicial permiten que madre prófuga tras condena por ahogar a su hijo en Santa Marta

BUCARAMANGA — Edwin Guerrero, padre del niño de 15 meses asesinado por su madre, lamenta que la justicia colombiana permita que Yenni Higuera Casallas siga prófuga desde 2024, pese a haber sido condenada a 36 años de cárcel por homicidio agravado. "¿Cómo es posible que con tantas pruebas la liberaran por vencimiento de términos y aún no cumpla su condena? Es una señal preocupante para todas las familias que queremos proteger a nuestros hijos", afirma el padre con voz de indignación.

El caso, ocurrido en las playas de Buritaca (Santa Marta) en abril de 2022, evidenció un cruel asesinato cuyo seguimiento judicial ha generado dudas y frustración en familiares y expertos. Aunque la Fiscalía y la Policía presentaron pruebas contundentes, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y análisis forenses, la mujer fue dejada en libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos procesales.

La ausencia efectiva de una estrategia de seguimiento y captura de Higuera Casallas, quien fue vista brevemente en centros de reposo y en casa de sus padres en Bogotá, subraya las fallas estructurales del sistema de justicia para garantizar el cumplimiento de las condenas, así como la protección adecuada de víctimas infantiles en todo el país, incluyendo Santander.

"Este caso me demuestra que la justicia no protege a nuestros niños ni aplica las medidas necesarias para evitar que agresores sigan libres. Necesitamos acciones reales y rápidas, no decisiones que ponen en riesgo las vidas de menores"

— Laura Gómez, integrante de una ONG de defensa de derechos infantiles en Bucaramanga

Expertos en derecho penal y protección infantil consultados por Voces Oriente Bucaramanga critican la ausencia de políticas preventivas integrales, que combinen seguimiento judicial efectivo, prevención social y acompañamiento a familias en riesgo. Señalan que casos como el de la madre prófuga suelen repetirse, mientras la institucionalidad local carece de mecanismos para reaccionar eficazmente.

Organizaciones protectoras de la niñez en Santander también reportan que este tipo de hechos aumentan la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y exigen una reforma urgente del sistema judicial que incorpore:

• Protocolos claros para garantizar detención efectiva de personas sentenciadas por violencia contra menores;
• Implementación de sistemas de monitoreo electrónico para agresores peligrosos;
• Mayor coordinación interinstitucional entre Fiscalía, Policía, ICBF y autoridades locales del área metropolitana de Bucaramanga;
• Programas preventivos desde la comunidad para identificar y apoyar familias en riesgo de violencia intrafamiliar.

Soluciones desde expertos independientes y experiencia de otras ciudades

La abogada y defensora de derechos de infancia María Fernanda Rincón, de la Universidad Industrial de Santander, propone adoptar modelos de gestión acompañada y preventiva, donde además de ejecutar la ley se garantice atención psicológica y social a mujeres en crisis, así como vigilancia activa de casos en riesgo. Cita como ejemplo iniciativas en Medellín y Bogotá que han reducido la reincidencia en violencia contra menores hasta en un 30% con estas acciones integrales.

Mientras tanto, colectivos sociales en Bucaramanga exigen a las autoridades locales mayor transparencia en la difusión de protocolos y avances en la persecución de agresores y condenados prófugos para que hechos atroces no se repitan en nuestra región.

¿Cuántos casos similares se podrían evitar en Bucaramanga y su área metropolitana si el sistema de justicia fuera eficaz y la protección infantil una prioridad real? La ciudadanía exige respuestas claras y mecanismos de control que garanticen que nadie esté por encima de la ley, especialmente cuando de proteger a los niños se trata.

Contexto adicional: La liberación de Yenni Higuera Casallas en 2024 por vencimiento de términos ocurre pese a pruebas contundentes presentadas por Fiscalía y Policía. Organismos de protección y justicia locales enfrentan retos para implementar mejoras

Fuentes consultadas: Padre de la víctima, ONG de derechos infantiles Bucaramanga, expertos en derecho penal UIS, organizaciones de protección infantil de Santander, Fiscalía y Policía (consultadas con escepticismo).