La suerte, los lazos familiares y el manto de sospechas sobre Ferley Sierra: ¿una justicia que juega para el mismo equipo?

Por: Voz Oriente / Investigación y redacción crítica

La política en Santander vuelve a ser escenario de controversias que huelen más a componenda que a justicia. El caso del exdiputado y excandidato a la Gobernación, Luis Ferley Sierra Jaimes, no solo expone posibles irregularidades en el manejo financiero de su campaña de 2023, sino que también desnuda una peligrosa mezcla entre poder político, relaciones familiares y falta de garantías reales para que los organismos de control actúen con independencia.

Todo comenzó con una denuncia ciudadana y una investigación periodística: se habla de posibles donaciones en especie sin soportes, aportes de funcionarios públicos activos, información financiera incompleta y una sospechosa intención de inflar los gastos de campaña para cobrar más dinero por reposición de votos. En otras palabras, indicios que apuntan a fraude procesal y manejo corrupto de los recursos públicos.

Pero el verdadero escándalo no está solo en los hechos, sino en quién los investiga: el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cristian Ricardo Quiroz Romero, quien es nada más y nada menos que sobrino del actual representante legal de la Alianza Verde, el mismo partido que avaló a Ferley Sierra para aspirar a la Gobernación. Un partido que, además, ha estado en el ojo del huracán por escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cristian Quiroz no es un desconocido en las estructuras del partido: fue su director jurídico por ocho años, redactó sus propuestas normativas y mantiene vínculos estrechos con su tío, Rodrigo Romero, hoy la cabeza visible de la colectividad. Por una “suerte” de balotas —como lo explica el CNE—, la investigación sobre Ferley Sierra cayó en manos del magistrado más cercano posible. Una coincidencia tan perfecta que sería difícil de creer si no estuviéramos en Colombia.

¿Qué se está investigando exactamente?

La denuncia, presentada ante el CNE y la Fiscalía General, apunta a una serie de maniobras financieras que rozan lo ilegal. Según el documento firmado por los abogados Rodrigo Javier Parada y Luis Camilo Osorio, Sierra habría reportado más de $910 millones como gasto de campaña, de los cuales más de $700 millones corresponden a supuestas donaciones en especie de servicios, muchas de ellas sin soporte. Una de las más escandalosas: un contrato de $100 millones con el politólogo Andrés Felipe Castellano Benavides, del cual $90 millones habrían sido “donados” sin respaldo documental.

Pero hay más. Según los denunciantes, buena parte de los comprobantes de gastos tienen fecha del 29 de octubre de 2023, el mismo día de las elecciones. ¿Qué clase de campaña hace gastos millonarios el día de la votación? La hipótesis es clara: al ver que su votación fue más alta de lo esperado, Ferley Sierra habría modificado su contabilidad a posteriori para inflar sus gastos y así recibir una mayor devolución de votos.

Como si fuera poco, entre los “donantes” aparecen su madre y su cónyuge, registradas como gestoras de servicios sin evidencia alguna. Una práctica que, como advierten los denunciantes, es vieja conocida en el país para evadir controles fiscales y justificar ingresos espurios. Lo llaman el “cartel de la reposición de votos”, una trama que transforma campañas políticas en fábricas de reembolso estatal.

¿Justicia independiente o justicia a medida?

La pregunta que se hacen muchos en Bucaramanga y en los círculos políticos del país es: ¿puede un magistrado tan vinculado al partido de Ferley Sierra conducir una investigación imparcial?

Legalmente, no hay inhabilidad, como explican algunos exmagistrados del CNE. Pero éticamente, el conflicto de interés es inocultable. No basta con que el reparto del caso haya sido por sorteo. La independencia judicial también exige percepciones de imparcialidad, confianza ciudadana y blindaje ante presiones partidistas. Algo que, en este caso, brilla por su ausencia.

Rodrigo Romero, el jefe de la Alianza Verde y tío del magistrado, guarda silencio ante las preguntas más incómodas. ¿Se hicieron observaciones puntuales a la campaña de Sierra? ¿Qué medidas internas ha tomado el partido para aclarar las irregularidades? No hay respuestas. Solo el recurso habitual: minimizar, dilatar y dejar que la marea informativa pase.

La política verde se pinta de sospecha

El caso Ferley Sierra es más que un episodio aislado. Es el reflejo de cómo la política en Colombia sigue anclada en prácticas clientelistas, redes de favores, blindajes mutuos y usos perversos del dinero público. Que la Alianza Verde, un partido que alguna vez prometió renovación ética, esté hoy embarrado en este tipo de maniobras, debería preocupar a todos los ciudadanos que alguna vez creyeron en la política como herramienta de transformación.

Mientras tanto, el exdiputado se defiende diciendo que todo se trata de un ataque de sus contradictores políticos. Pero los documentos, las fechas y los montos cuentan otra historia. Una historia donde la suerte, las conexiones familiares y el poder judicial pueden ser más determinantes que la verdad o la justicia.

¿Hasta cuándo se permitirá que los organismos de control estén capturados por los partidos políticos? ¿Cuánto más tolerará la ciudadanía la simulación de legalidad en campañas que operan como empresas privadas con fines de lucro?

La investigación está en curso, sí. Pero el desenlace ya huele a impunidad.