La movida por $34 mil millones que despierta la ambición de los concejales de Bucaramanga
La redistribución de $34 mil millones no solo revela el margen fiscal de la Alcaldía, sino también la voracidad de un Concejo que parece más pendiente de asegurarse cuotas de poder que de responder a la incertidumbre que vive Bucaramanga.
En Bucaramanga, no solo la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán tiene en vilo a la ciudad: ahora, una jugosa movida de $34.553 millones mantiene con la mirada fija a los concejales, ansiosos por asegurarse una parte de la redistribución presupuestal que la Alcaldía presentó para aprobación.
Horas después de conocerse el fallo del Consejo de Estado contra Beltrán, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó llevar al Concejo dos proyectos de acuerdo. Uno, sobre vigencias futuras para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y otro, aún más llamativo, que pretende redirigir recursos sobrantes de 2024 y ahorros en el pago de deuda hacia distintas dependencias de la administración.
El proyecto 101 propone trasladar $25.749 millones de recursos no ejecutados, sumar $4.235 millones de dividendos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y redirigir $4.569 millones que ya no se necesitan para intereses de la deuda. La suma asciende a $34.553 millones que hoy tientan a más de un concejal.
En el Concejo ya se surtió un primer debate y la iniciativa avanza. Según el ponente Cristian Reyes, las secretarías que más recibirían son Interior, con $15.113 millones; Infraestructura, con $6.901 millones; y Cultura y Turismo, con $3.000 millones. La Secretaría Administrativa también se quedaría con $1.569 millones para contratos con la Emab en El Carrasco.
La ambición de los concejales, sin embargo, no se esconde. Cada quien busca direccionar parte de esos recursos para proyectos o dependencias que, a la larga, podrían servir de capital político. “Este Concejo nunca había estado tan ‘eficiente’ para aprobar proyectos”, dicen voces críticas en alusión a la rapidez con que se tramitan las adiciones en plena crisis de gobernabilidad.
En la práctica, lo que se plantea es quitar un 4,4 % del presupuesto del servicio de deuda —unos $103.269 millones este año— para girarlo a funcionamiento y contratos. Un movimiento que, si bien es legal y justificado en la baja de tasas de interés, se presta para alimentar la pugna entre concejales, cada vez más atentos a su tajada del presupuesto que a la estabilidad institucional de la ciudad.
