La doble moral política frente a la violencia contra la mujer: denuncian a un concejal en Aratoca, pero callan ante la puñalada de un funcionario en Floridablanca
La violencia contra la mujer no puede ser utilizada como discurso selectivo ni como arma política. El caso del concejal de Aratoca y el silencio frente a la agresión en Floridablanca muestran la doble moral que tanto daño le hace a las víctimas y a la credibilidad de las instituciones.
El concejal de Aratoca, Ciro Alfonso Ortiz Márquez, fue denunciado por su pareja sentimental por un brutal episodio de violencia, mientras crece la indignación por el silencio de la diputada Diana Jiménez, quien omite pronunciarse sobre el caso de un gestor de convivencia que apuñaló a su esposa en Floridablanca bajo la administración de José Fernando Sánchez.
El municipio de Aratoca, Santander, quedó en el centro de la polémica tras conocerse la denuncia de una joven de 22 años contra su pareja, el concejal liberal Ciro Alfonso Ortiz Márquez. La víctima relató que fue golpeada en la cara, el tórax y los brazos, e incluso que Ortiz intentó ahorcarla en medio de una escena de celos ocurrida en Jordán. La violencia fue tal que vecinos intervinieron para frenar la agresión y dar aviso a la Policía, aunque la comunidad reprochó la pasividad de los agentes por tratarse de un funcionario público.
La mujer recibió atención médica por múltiples laceraciones en el hospital de Aratoca, donde se activaron las rutas de protección de la Comisaría de Familia. La Personería exigió un reporte detallado de las acciones de Policía y hospital, mientras la Alcaldía rechazó el hecho y pidió una investigación rigurosa.
El concejal, por su parte, negó las acusaciones mediante un comunicado en el que dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia. “Reitero mi rechazo total a cualquier forma de violencia contra la mujer, porque defiendo la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales”, señaló Ortiz, aunque su versión contrasta con los testimonios de la víctima y la comunidad.
El caso ha generado fuertes reacciones políticas. Sin embargo, mientras la diputada Diana Jiménez exigió que Ortiz “dé la cara” y responda por sus actos, guarda un silencio absoluto frente a otro episodio igual de grave: la agresión de un gestor de convivencia de Floridablanca, quien apuñaló a su esposa en plena administración de José Fernando Sánchez. La omisión es vista por sectores ciudadanos como un claro ejemplo de la hipocresía con que algunos políticos usan el discurso de la defensa de la mujer para conveniencia mediática, pero callan cuando la violencia ocurre en escenarios cercanos a sus aliados.
Este doble rasero no solo mina la confianza en el liderazgo femenino dentro de la Asamblea de Santander, sino que deja al descubierto que la lucha contra la violencia de género sigue siendo manipulada como arma política. La ciudadanía exige coherencia, respeto por las víctimas y un rechazo real —sin excepciones ni silencios selectivos— a todo acto de maltrato.
