La CDMB gasta millones en propaganda mientras su presupuesto se esfuma en contratos amañados
Detrás del publirreportaje que presentó a Juan Carlos Reyes como el “gran guardián ambiental de Santander”, se esconde una entidad señalada por contrataciones direccionadas, sobrecostos, y un gasto desmedido en imagen pública.
Mientras el agua se pierde, los proyectos se estancan y los trabajadores denuncian recortes, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) celebra sus 60 años con una millonaria campaña de autopromoción.
Detrás del publirreportaje que presentó a Juan Carlos Reyes como el “gran guardián ambiental de Santander”, se esconde una entidad señalada por contrataciones direccionadas, sobrecostos, y un gasto desmedido en imagen pública.
Lejos de ser una rendición de cuentas, la entrevista publicada en prensa local —pagada con recursos públicos— fue un ejercicio de propaganda en plena crisis de transparencia. Mientras Reyes hablaba de “amor por la naturaleza” y de “gestión ejemplar”, la CDMB enfrenta investigaciones internas y denuncias sobre cómo el dinero de la entidad termina en contratos otorgados sin competencia real, estudios técnicos inflados y convenios repetidos bajo diferentes denominaciones.
Propaganda con plata del pueblo
Fuentes dentro de la entidad confirmaron que los pagos por publicidad y contenido patrocinado en medios regionales superan los 400 millones de pesos solo en 2024, incluyendo piezas audiovisuales, cuñas radiales y artículos “editoriales” que buscan proyectar una imagen de eficiencia que no se corresponde con la realidad.
Mientras tanto, programas esenciales de reforestación, control de vertimientos y seguimiento ambiental han sufrido reducciones presupuestales de hasta el 35 %.
El resultado es un contraste escandaloso: la entidad que se autoproclama “líder nacional” gasta en discursos y no en acción. Ni los taludes inestables del sector La Joya – Campohermoso, ni las quebradas contaminadas del sur de Bucaramanga muestran el “avance técnico” del que presume su director.
Denuncias que no se investigan
Muchos han advertido que los informes financieros de la CDMB revelan una estructura de contratación cerrada y dependiente de operadores repetitivos, muchos de ellos vinculados a círculos políticos que sostienen la permanencia de Reyes en el cargo.
Las licitaciones “abiertas” terminan adjudicadas siempre a los mismos contratistas, con procesos exprés y evaluaciones técnicas cuestionables. Peor aún, la junta directiva que debería ejercer control ha permanecido en silencio, validando lo que en la práctica parece un feudo administrativo.
A esto se suma el uso discrecional de los recursos de educación ambiental, canalizados hacia “eventos de sensibilización” con escaso impacto real, pero abundantes en fotografías, refrigerios y placas conmemorativas.
Una gestión de cartón
En los seis años de Reyes, la CDMB pasó de ser una autoridad ambiental técnica a una vitrina política. La supuesta “recuperación de fauna silvestre” se traduce en informes inflados, con registros duplicados y animales trasladados entre centros para sumar cifras; los “negocios verdes” que dice haber fortalecido, son microemprendimientos que no cuentan con seguimiento ni financiación sostenida.
Mientras la entidad presume de “ventas acumuladas” y “turismo de negocios” gracias a sus foros y ferias, los ciudadanos no ven soluciones a problemas estructurales: vertimientos sin control en el río de Oro, deforestación en Rionegro, minería ilegal en el área rural de Bucaramanga y falta de ejecución en proyectos prioritarios como la planta de tratamiento de aguas residuales, que sigue en el papel.
El verdadero balance
El balance no se mide en publirreportajes, sino en transparencia. La CDMB ha convertido su aniversario 60 en un festival de propaganda financiado por los mismos recursos que debería invertir en proteger el ambiente, una muestra más de cómo la burocracia regional celebra con champaña mientras los ríos se secan y los cerros siguen cediendo.
La ciudadanía merece respuestas reales:
¿Dónde están los informes de contratación?
¿Quién autoriza los pagos por publicidad institucional disfrazada de noticia?
¿Y por qué una entidad ambiental parece más interesada en cuidar su imagen que los ecosistemas que juró defender?