Inseguridad en Catatumbo repercute en Santander: Vecinos del área metropolitana exigen acción real ante secuestros del ELN
Incremento de secuestros en Catatumbo genera preocupación y desplazamiento indirecto en Bucaramanga y área metropolitana
SANTANDER / BUCARAMANGA — Lucía Gómez, residente en Piedecuesta, relata cómo familiares de Tibú han llegado desplazados a la ciudad, huyendo de la creciente violencia. "Aquí sentimos la inseguridad distante, pero somos los que recibimos a los que pierden todo. No vemos acciones efectivas que frenen al ELN ni control estatal real", denuncia.
El reciente anuncio de la liberación de once personas secuestradas desde enero por el ELN en Catatumbo, Norte de Santander, es apenas una mínima señal en medio de un panorama de inseguridad creciente que no distingue fronteras regionales. La Comisión Humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, ONU, Iglesia Católica y Defensoría del Pueblo, confirmó la entrega de nueve hombres y dos mujeres, residentes en Tibú y El Tarra, tras más de diez meses de cautiverio.
Sin embargo, el alivio momentáneo contrasta con el alarmante incremento de secuestros, desapariciones y asesinatos que permanecen sin respuesta estatal real. Según reportes, sólo en la última semana se registraron más de diez desapariciones en Tibú atribuidas a ELN y disidencias de las FARC, mientras la Agencia para la Reincorporación y la Normalización reporta seis excombatientes firmantes de paz asesinados y una cifra similar desaparecida en el año.
"La presencia estatal es casi inexistente en las zonas rurales donde estos grupos armados controlan territorio. La impunidad y el miedo se profundizan mientras las autoridades prometen acciones que nunca concretan"
— Andrés Mendoza, líder comunitario y defensor de derechos humanos, Bucaramanga
La administración regional asegura que está comprometida con estrategias para garantizar seguridad en Norte de Santander, pero la evidencia en terreno contradice estas afirmaciones. Voceros de la sociedad civil y veedurías independientes critican la falta de un plan integral y la ausencia de mecanismos efectivos de control civil sobre la fuerza pública y la protección de las comunidades.
Expertos en seguridad regional notifican que el fenómeno armado en Catatumbo se traslada por corrientes migratorias y desplazamientos forzados hacia el área metropolitana, afectando a barrios en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta con mayor presión social y demandas de refugio y atención humanitaria.
Propuestas desde la academia y sociedad civil
Ante la crisis, investigadores de la Universidad Industrial de Santander y organizaciones de derechos humanos proponen:
- Implementar un sistema regional de seguridad con apoyo de fuerzas civiles y cuerpos locales capacitados, para garantizar control territorial efectivo en zonas rurales y urbanas.
- Crear mesas de diálogo permanentes que involucren a comunidades afectadas, expertos en seguridad y autoridades para diseñar estrategias articuladas y transparentes.
- Fortalecer la presencia de veedurías ciudadanas con capacidad de supervisar la gestión de seguridad y aplicar sanciones por incumplimiento.
Mientras tanto, familias en el área metropolitana siguen demandando respuestas claras y efectivas frente a las crisis humanitarias que, aunque lejanas, impactan directamente su seguridad y calidad de vida.
Contexto adicional: Desde comienzos del año, en Catatumbo se ha reportado un aumento sostenido de secuestros y violencia armada, con impacto en desplazamientos forzados hacia Santander. Las autoridades regionales han anunciado estrategias, pero persisten las denuncias sobre incumplimiento y falta de presencia real en el territorio.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios en Bucaramanga y Piedecuesta, veedurías ciudadanas de Santander, ONG de derechos humanos, expertos en seguridad de la UIS, reportes de la Comisión Humanitaria y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
