Inseguridad en Catatumbo persiste tras liberación de once secuestrados; vecinos y víctimas exigen acción efectiva
Incremento de secuestros y asesinatos en Catatumbo alerta a la región y evidencia ausencia estatal
NORTE DE SANTANDER — Rosa Álvarez, líder comunitaria de Tibú, afirma con preocupación que la liberación de once personas que estuvo en poder del ELN desde enero no es sinónimo de seguridad para la región. "Estos hechos demuestran que seguimos en riesgo. No basta con liberar víctimas, necesitamos que se acabe el control armado que amenaza a nuestras comunidades", reclama.
La reciente liberación de nueve hombres y dos mujeres secuestrados por el ELN en los municipios de Tibú y El Tarra fue oficializada por una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y víctimas advierten que esta acción no representa una solución definitiva a la creciente violencia que azota la zona.
Monseñor Israel Bravo, obispo de la Diócesis de Tibú, confirmó que los liberados se encuentran en buen estado y ya están con sus familias. Pero las cifras recientes son alarmantes: solo en la última semana se registraron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y disidencias de las FARC, según autoridades locales.
"Los grupos armados ilegales mantienen el control en sectores rurales y la seguridad de nuestros municipios está en constante amenaza. No podemos vivir con miedo constante"
— Rosa Álvarez, líder comunitaria de Tibú
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, denuncia que la presencia de grupos armados ilegales no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también mantiene en riesgo a firmantes del Acuerdo de Paz. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización reporta seis excombatientes asesinados y seis desaparecidos en la región durante este año, además de desplazamientos y confinamientos forzados.
La Administración local asegura que trabaja en coordinación con fuerzas de seguridad para garantizar la protección de la población, pero datos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones regionales evidencian que el control armado en el Catatumbo sigue siendo fuerte y que no existen medidas claras y efectivas.
Fiscalización de la crisis de seguridad en Catatumbo
Organizaciones humanitarias y veedurías ciudadanas exigen:
- Acceso pleno e irrestricto de organismos de derechos humanos y ayuda humanitaria a la zona
- Presencia estatal real y constante en territorios rurales afectados
- Investigación y judicialización efectiva de responsables de secuestros, asesinatos y desapariciones
- Protección efectiva y medidas para garantizar la seguridad de los firmantes de paz
Propuestas desde la academia y la sociedad civil para la región
Expertos en derechos humanos y seguridad regional de la Universidad Industrial de Santander (UIS) sugieren implementar un modelo de vigilancia comunitaria combinada con presencia policial reforzada y la creación de un observatorio de derechos humanos con participación ciudadana que monitorice en tiempo real la situación del Catatumbo.
- Implementación de rutas seguras para desplazamientos y acompañamiento humanitario
- Instalación de puntos de atención para víctimas y víctimas potenciales con apoyo psicosocial
- Fortalecimiento de organizaciones sociales locales para garantizar participación en decisiones de seguridad
La comunidad de Bucaramanga y área metropolitana debe mantenerse atenta al impacto que la crisis en el Catatumbo puede tener en la seguridad regional y demanda un compromiso estatal real y transparente para proteger a sus ciudadanos.
¿Qué medidas concretas adoptará el Estado para erradicar el control armado ilegal y garantizar la tranquilidad de los municipios como Tibú que afectan toda la región metropolitana? La exigencia ciudadana apela a una rendición de cuentas clara y resultados verificables.
Contexto adicional: En lo que va de este año se reportan seis asesinatos y seis desapariciones de excombatientes firmantes de paz en Norte de Santander. La región enfrenta un preocupante control territorial por actores armados ilegales que limita gravemente la seguridad y desarrollo social.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Tibú, veedurías ciudadanas, expertos de la UIS, agencia de reincorporación ARN, Defensoría del Pueblo, organizaciones humanitarias y autoridades locales.
