Inmovilización de motos en Bucaramanga: trabajadores denuncian que control les quita sustento sin alternativas de pago
Propuestas de 'El Barbas' contrastan con la ausencia de políticas reales para proteger a trabajadores motorizados
BUCARAMANGA — Andrés, domiciliario del Centro de Bucaramanga, denuncia el impacto de la inmovilización de su moto: "Me inmovilizaron la moto. Tres días sin trabajar. Tres días sin ingresos." La falta de mecanismos para pagar gradualmente la documentación vehicular deja a muchos familiares sin mercado o sin arriendo, especialmente en barrios del Norte y Cabecera, donde la economía informal depende del vehículo propio.
En Bucaramanga, cumplir la ley sobre SOAT, tecnomecánica y licencias no debería ser un lujo. Sin embargo, la imposibilidad de pagar todo en una sola cuota genera inmovilizaciones que significan hambre o impagos para miles. Mientras el candidato Carlos Bueno, llamado 'El Barbas', propone créditos blandos para mantener activos a los trabajadores, la administración municipal no ha presentado estrategias claras para acompañar a esta población vulnerable.
No hay datos oficiales públicos sobre cuántos trabajadores del área metropolitana pierden ingresos por estas sanciones, ni de programas sociales o financieros efectivos para apoyarlos. Esta ausencia de información evidencia una política pública ausente o poco transparente que no considera la realidad de los bumangueses que dependen del vehículo para subsistir.
"Pagar todo junto me deja sin mercado. No es que no quiera cumplir la ley, es la falta de opciones la que nos deja en la calle."
— Marta, madre cabeza de hogar, barrio Provenza, Norte de Bucaramanga
Expertos en movilidad y economía informal alertan que estas sanciones sin alternativas financieras agravan la pobreza y la informalidad. El centro INPEC de la UIS enfatiza en que la creación de soluciones crediticias debe acompañarse de programas educativos y seguimiento para evitar la mora y la exclusión social.
Las multas y sanciones no deberían sepultar la capacidad de trabajar. Jorge, conductor particular de Cabecera, lamenta: "La multa se paga, pero lo que no recupero es el trabajo y el dinero perdido."
Fiscalización de políticas y cifras
No hay registros claros sobre la ejecución de políticas de apoyo para conductores vulnerables en Bucaramanga, ni un diagnóstico actualizado sobre cuántos vehículos son inmovilizados por documentos vencidos o impagos. Esta opacidad limita la posibilidad de evaluar y mejorar las políticas públicas.
Soluciones desde expertos y otras ciudades:
Organismos como la Red Colombiana de Movilidad Sostenible proponen tres claves para evitar el impacto social de las sanciones:
- Implementar créditos blandos accesibles con plazos flexibles para documentos vehiculares.
- Desarrollar planes de educación vial y financiera para conductores en zonas vulnerables.
- Crear veedurías ciudadanas que vigilen la aplicación justa de sanciones y acompañen a los afectados.
Casos exitosos en ciudades como Medellín han adoptado sistemas de cuotas para pagos y un acompañamiento integral, reduciendo la informalidad sin afectar la movilidad.
Los afectados y expertos coinciden en exigir al gobierno local un plan transparente y ajustado a la realidad socioeconómica de Bucaramanga y su área metropolitana, que no solo ponga multas, sino que acompañe y facilite el cumplimiento legal.
¿Se comprometerá la Alcaldía a implementar estas propuestas y a escuchar a los bumangueses que viven del día a día gracias a sus motos? Por ahora, solo hay anuncios y poca acción real.
Contexto adicional: La ausencia de políticas públicas claras para los trabajadores motorizados forma parte de una problemática más amplia que afecta a la economía informal en Bucaramanga. La falta de cifras oficiales dificulta la fiscalización y la exigencia de resultados efectivos.
Fuentes consultadas: Testimonios directos de habitantes y trabajadores motorizados de Bucaramanga, expertos en movilidad y economía informal de la UIS, documentos de la Red Colombiana de Movilidad Sostenible.
