En la montaña santandereana descansa una de las infraestructuras más ambiciosas de la región: el Embalse de Tona, concebido como un salvavidas hídrico para Bucaramanga y su área metropolitana. Con más de $300.000 millones invertidos en su construcción y otros $300.000 millones en infraestructura complementaria, la represa debería estar garantizando agua potable por los próximos 50 años. Sin embargo, la realidad es más modesta: hoy apenas se aprovecha un 10 % de su capacidad.

El agua como botín: la megaobra del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga bajo la lupa política

En Bucaramanga y su área metropolitana, el agua está servida en bandeja no solo como un recurso vital, sino como el próximo gran banquete político. El Embalse de Tona, inaugurado hace más de una década y utilizado apenas al 10% de su capacidad, se convirtió en el símbolo de una promesa incumplida que ahora quiere ser relanzada bajo un proyecto monumental: interconectar todo el sistema del Acueducto Metropolitano, con una inversión que supera los $600 mil millones.

La meta oficial: garantizar agua potable hasta el año 2070 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Lebrija. El riesgo latente: que semejante caudal de recursos se convierta en el próximo festín de contratistas aliados a caciques políticos, repitiendo la historia de obras públicas donde la eficiencia se mezcla con el clientelismo.

Un gigante subutilizado

El Embalse de Tona fue presentado como la joya de la corona. Costó más de $300 mil millones y prometía blindar el suministro en épocas de sequía o contaminación del río Suratá. Sin embargo, la infraestructura se entregó incompleta y por años fue poco más que un “tanque gigante” lleno de agua sin conexión.

Hoy funciona en contingencias, pero solo entrega el 10% del caudal proyectado. Mientras tanto, los barrios del norte de Bucaramanga, los valles de Mensulí y Aranzoque en Floridablanca, y el casco urbano de Lebrija enfrentan un futuro incierto, donde la expansión urbana supera con creces la capacidad de las redes actuales.

La obra del siglo… o la licitación del siglo

El plan del Acueducto es ambicioso: un sistema interconectado que permitirá añadir 121.000 usuarios nuevos en dos décadas. Su costo supera cuatro veces el del Viaducto de la Novena. La financiación vendrá, como siempre, del bolsillo ciudadano vía tarifa, más el respaldo de la banca multilateral.

El problema es quién manejará esa cifra descomunal. Los términos de referencia ya se están preparando, y la historia reciente de Santander obliga a una pregunta inevitable: ¿será esta una obra de ciudad o un botín de clanes políticos?

En la región, es imposible desligar las grandes adjudicaciones de las redes de poder. El modelo de “obras por impuestos” ya mostró cómo las alianzas entre gobernadores, alcaldes y empresarios terminan beneficiando a círculos reducidos. Y el nuevo proyecto del acueducto, con $600 mil millones en juego, puede convertirse en la joya más apetecida de todas.

Caciques y contratistas: las sombras detrás del agua

Los antecedentes abundan: contratistas cercanos a casas políticas que se reparten licitaciones estratégicas, proyectos inflados en costos, retrasos disfrazados de “trámites” y supervisiones laxas.

El temor ciudadano es que lo mismo ocurra aquí: que en lugar de garantizar agua limpia y segura, la obra se convierta en un contrato amarrado a un aliado de los caciques regionales, con sobrecostos escondidos en estudios técnicos o adiciones presupuestales disfrazadas de “ajustes de obra”.

El riesgo no es menor: $600 mil millones significan, en la práctica, un poder de contratación capaz de financiar campañas enteras, asegurar lealtades y perpetuar clanes políticos en Santander.

El silencio que preocupa

Mientras el proyecto avanza, las voces críticas escasean. El debate político parece reducido a tecnicismos de tarifas y plazos. Sin embargo, en los pasillos del poder todos saben que lo que está en juego no es solo agua para 50 años: es la joya contractual de la década.

Que la adjudicación caiga en manos de contratistas aliados a los caciques de siempre significaría repetir el ciclo que ha marcado a Santander: obras que nacen como esperanza y terminan como monumentos a la corrupción.

Conclusión: el agua, entre la vida y el poder

El Embalse de Tona ya demostró que en Santander los megaproyectos pueden ser usados como trofeos políticos antes que como soluciones ciudadanas. Hoy, con la interconexión del sistema en la agenda, el reto es mayor: o se convierte en la obra que asegure agua hasta el 2070, o en el nuevo festín de caciques y contratistas que entienden el recurso más vital no como un derecho, sino como un botín.

El agua está en juego. Y con ella, el futuro político de Santander.