Incremento de secuestros en el Catatumbo: once liberados pero la región sigue en crisis de seguridad
Secuestros y desapariciones siguen al acecho en Tibú y El Tarra, pese a liberaciones recientes
NORTE DE SANTANDER — Rosa* es madre de uno de los once liberados tras más de diez meses de secuestro por el ELN en municipios del Catatumbo. "Mi hijo llegó con miedo y todavía el temor no desaparece. Aquí seguimos sin garantías, con constantes amenazas", relata desde Tibú, donde familias siguen atrapadas en la violencia.
Mientras una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo recibía a los liberados, los municipios de Tibú y El Tarra siguen registrando un alarmante incremento de secuestros y desapariciones atribuibles al ELN y disidencias de las FARC.
Organismos regionales y víctimas alertan que estos grupos armados ilegales mantienen control territorial en zonas rurales, afectando la seguridad ciudadana y la estabilidad en la frontera con Venezuela, un tema que preocupa también en Bucaramanga y el área metropolitana donde se registra desplazamiento y amenazas.
"Solo en la última semana, más de diez desapariciones forzadas se han reportado. El Estado sigue ausente y las víctimas estamos desamparadas"
— Víctor Sánchez, líder comunitario en Tibú
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó que en lo que va del año seis firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. Además, 223 firmantes han tenido que desplazarse de la región para salvar su vida, mientras 19 se encuentran confinados por la violencia.
La liberación de los once privados de la libertad es apenas un alivio parcial en un contexto donde la seguridad sigue siendo precaria y la violencia estructural persiste. La región exige control efectivo del Estado y mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Expertos independientes y organizaciones humanitarias exigen mayor presencia estatal y acceso pleno a la región
Para la académica Ana María Vélez, investigadora en seguridad regional de la Universidad Industrial de Santander (UIS), es urgente fortalecer la presencia estatal efectiva en el Catatumbo y garantizar el acceso irrestricto de organismos humanitarios para atender a las comunidades más afectadas.
- Implementar un plan integral de seguridad basado en vigilancia comunitaria y cooperación con líderes locales para la prevención del secuestro y desapariciones.
- Fortalecer la protección y seguimiento a firmantes del Acuerdo de Paz, con protocolos claros y recursos para su seguridad.
- Crear un observatorio regional de derechos humanos con participación ciudadana que vigile la gestión pública y denuncie violaciones.
Las organizaciones humanitarias exigen además que la administración nacional y departamental abra canales de diálogo para garantizar el derecho a la vida y movilidad de las comunidades, evitando más desplazamientos forzados que afectan a Bucaramanga y municipios del área metropolitana.
La comunidad en Tibú y El Tarra se pregunta: ¿cuándo llegará una política pública que más allá de anuncios garantice seguridad real y respeto efectivo de sus derechos fundamentales?
Contexto adicional: En lo corrido del año seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis continúan desaparecidos en Norte de Santander según reportes de la ARN. La región registra un aumento sostenido en secuestros y desapariciones atribuibles a grupos armados ilegales con control territorial.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Tibú y El Tarra, víctimas directas, Agencia para la Reincorporación y Normalización, académicos UIS, organizaciones humanitarias, fuentes oficiales.
