Incremento de secuestros en Catatumbo: víctimas y comunidades exigen acciones reales en Norte de Santander
Victimas y comunidades denuncian control armado y violencia que gobiernos locales y nacionales no detienen
NORTE DE SANTANDER — María Rodríguez, hermana de uno de los once liberados recientemente luego de más de diez meses en manos del ELN en Catatumbo, reclama justicia y acción inmediata. "Este no es un hecho aislado, los secuestros y desapariciones aumentan día a día en Tibú y El Tarra. Nosotros no solo queremos ver a nuestros familiares libres, queremos vivir sin miedo", señala.
La reciente liberación de nueve hombres y dos mujeres secuestrados desde enero por el ELN en los municipios rurales de Tibú y El Tarra es un hecho positivo, pero no soluciona la grave crisis de seguridad que persiste en el Catatumbo. Organizaciones humanitarias y representantes de víctimas alertan un aumento sostenido en secuestros y violencia que mantiene a miles en estado de zozobra.
El obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó la liberación y señaló que entre los liberados está un firmante de los acuerdos de paz, un grupo especialmente vulnerable y amenazado en la región. Sin embargo, líderes comunitarios y víctimas advierten que los grupos armados ilegales mantienen un control territorial en áreas rurales, generando desplazamientos, homicidios y desapariciones.
"Los secuestros no cesan y las autoridades locales apenas registran los casos. Necesitamos presencia del Estado y apoyo de la comunidad internacional para garantizar seguridad y el fin de la violencia"
— José Luis Olguín, vocero de víctimas en Norte de Santander
La Agencia para la Reincorporación y Normalización reporta que en lo que va del año seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. Además, 223 firmantes se han desplazado forzosamente y 19 continúan confinados por violencia. Estas cifras evidencian la restricción que sufren las comunidades en búsqueda de paz y la fragilidad de la institucionalidad para protegerlas.
Fiscalización y verificación
Datos oficiales indican un aumento de más del 30% en casos de desapariciones forzadas en Tibú en la última semana, atribuidos al ELN y disidencias de las FARC. Sin embargo, la falta de acceso pleno a la región dificulta la verificación independiente y la atención humanitaria efectiva.
Soluciones propuestas desde la academia y sociedad civil
Expertos en seguridad y derechos humanos de la Universidad Industrial de Santander sugieren implementar un modelo de seguridad comunitaria basado en redes locales de vigilancia y acompañamiento, apoyado con tecnología satelital para monitoreo en tiempo real. Proponen además fortalecer la cooperación transfronteriza con Venezuela para frenar el flujo de armas y combatientes.
- Redes comunitarias organizadas para reportar incidentes y alertar oportunamente
- Uso de tecnología para monitoreo y respuesta rápida
- Fortalecimiento de organismos internacionales con acceso irrestricto a la región
Las juntas de acción comunal y organizaciones de base en el Catatumbo reclaman que ninguna política de seguridad tiene sentido sin la participación directa y el respaldo en terreno de las comunidades afectadas.
¿Cuánto más deberán esperar los habitantes de Tibú y El Tarra para que las autoridades nacionales y regionales implementen estrategias reales y sostenibles que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos?
Contexto adicional: La persistente violencia en Catatumbo ha dejado más de una decena de excombatientes firmantes de paz asesinados y una cadena creciente de secuestros y desapariciones que no han sido atendidos con efectividad por las autoridades.
Fuentes consultadas: Víctimas y familiares, líderes comunitarios, Agencia para la Reincorporación y Normalización, expertos en seguridad de la UIS, organizaciones humanitarias, medios regionales.
