Incremento de secuestros en Catatumbo evidencia fracaso estatal en seguridad, vecinos de Santander preocupados
Libres tras casi 11 meses, víctimas denuncian aumento de secuestros y abandono estatal en Catatumbo
NORTE DE SANTANDER / BUCARAMANGA — Familiares de los once liberados por el ELN, quienes fueron secuestrados desde enero en la zona rural de Tibú y El Tarra, expresan temor e indignación por la creciente ola de violencia en Catatumbo. "Nos alegramos por la liberación, pero seguimos sin garantías de seguridad. La impunidad y el control armado en la región afectan a toda la población de Santander", dice un pariente que reside en Floridablanca.
El episodio de secuestros se suma a un preocupante incremento de hechos violentos en el Catatumbo, que evidencia la incapacidad de las autoridades locales y nacionales para garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Según organizaciones humanitarias, solo en la última semana se registraron más de diez desapariciones atribuidas al ELN y a disidencias de las FARC.
Una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo recibió a los liberados, entre ellos un firmante del Acuerdo de Paz. Sin embargo, fuentes eclesiásticas y víctimas denuncian que la violencia no cesa y que el control territorial de grupos armados ilegales en sectores rurales afecta no solo a las personas secuestradas sino a toda la población civil.
"Llevamos años solicitando mayor presencia del Estado, pero seguimos entregados a la violencia. Mientras no haya control efectivo, estas tragedias continuarán afectando a nuestras familias"
— Olga Ramírez, familiar de víctima, residente en Piedecuesta
El panorama es corroborado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en Norte de Santander, que reporta seis firmantes del Acuerdo asesinados y otros seis desaparecidos en lo corrido del año, además de 223 excombatientes que han tenido que desplazarse y 19 que viven confinados por la violencia.
Expertos independientes y organizaciones sociales exigen una estrategia integral
El analista en temas de seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Dr. Juan Fernández, señala la necesidad urgente de acciones que aborden la violencia estructural en Catatumbo:
- Incremento de presencia efectiva y coordinada de la fuerza pública para desalojar a grupos armados ilegales.
- Mecanismos de diálogo y protección para comunidades y firmantes de paz en riesgo.
- Acceso pleno y permanente de organizaciones humanitarias para garantizar atención especializada a víctimas y desplazados.
Fernández critica la falta de voluntad política para garantizar control territorial desde 2016 pese a acuerdos y recursos destinados al Catatumbo.
Por su parte, las organizaciones de víctimas y veedurías sociales insisten en la urgencia de que el gobierno local y departamental rindan cuentas claras sobre los planes de seguridad y ejecución de medidas que protejan a las comunidades vulnerables en la región.
¿Por cuánto más permitirá la administración que la violencia siga definiendo la vida y la seguridad en el Catatumbo y su impacto se extienda al área metropolitana de Bucaramanga? La ciudadanía exige respuestas concretas y transparencia en la gestión.
Contexto adicional: En lo que va del 2025, seis firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis continúan desaparecidos en Norte de Santander. La violencia en la región limita el acceso de organismos de control y atención a las comunidades más afectadas.
Fuentes consultadas: Familiares de víctimas residentes en la zona metropolitana de Bucaramanga, Comisión Humanitaria, ONG de derechos humanos, expertos en seguridad UIS, Agencia para la Reincorporación, versiones eclesiásticas.
