Hugo Aguilar denuncia persecución mediática y defiende su inocencia en el caso de los llamados “juguetes fantasma”

A casi dos décadas de los hechos, el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo vuelve a ser llamado por la justicia, esta vez por un proceso que su defensa califica como débil, extemporáneo y alimentado por una narrativa mediática que lo presenta como culpable sin que exista una condena. El exmandatario, quien ya enfrentó y pagó otras condenas, asegura que es víctima de una persecución política y que las acusaciones en su contra carecen de sustento probatorio sólido.

Un proceso abierto 18 años después

El 2007, último año de la administración de Aguilar, es ahora el punto de partida de un nuevo proceso judicial. La Fiscalía lo acusa de peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por la supuesta compra irregular de 130 mil juguetes destinados a niños de sectores vulnerables en Navidad. El contrato, que según el ente investigador nunca se cumplió a cabalidad, fue firmado con la Fundación para el Desarrollo Social y la Proyección Comunitaria (Fundacon) por $650 millones.

Pero para Aguilar y su equipo jurídico, la imputación tiene dos problemas de fondo: el paso del tiempo y la falta de pruebas concluyentes. “Han tenido casi dos décadas para investigar y no han encontrado nada que demuestre que yo me apropié de un peso. Esto no es justicia, es persecución”, afirmó en la audiencia de imputación.

La estrategia de la Fiscalía bajo la lupa

Según el expediente, la Fiscalía sostiene que hubo “falsa denominación contractual” y que el convenio no debió ejecutarse como un apoyo a programas de interés público, sino como un contrato de compraventa sujeto a la Ley 80. Sin embargo, la defensa replica que esta interpretación ignora el contexto administrativo de la época y desconoce que el gobernador no actúa de manera aislada sino amparado en las dependencias técnicas y jurídicas que avalan cada proceso.

Su abogado, Sergio Augusto Ramírez Mantilla, enfatizó que el contrato se estructuró con base en la normativa vigentey que el entonces mandatario delegó de manera legítima la ejecución al secretario de Desarrollo Social, Holger Díaz. “El ordenador del gasto no está llamado a revisar factura por factura ni a vigilar la importación de cada juguete. Para eso existe una estructura administrativa. Pretender responsabilizarlo personalmente de cada movimiento es desconocer cómo funciona el Estado”, recalcó.

Idoneidad del contratista y acusaciones de direccionamiento

La Fiscalía cuestiona la idoneidad de Fundacon y señala que esta elaboró los estudios previos, lo que a su juicio demostraría direccionamiento. La defensa replica que el modelo de contratación de entonces permitía que entidades sin ánimo de lucro participaran de este tipo de convenios y que no hay norma que prohíba que el contratista colabore en la fase preparatoria, siempre que se cumplan las condiciones de ley.

También niega que hubiera “regalos fantasma”. “No hay una sola prueba que demuestre que los juguetes no fueron entregados. Lo que sí hay son testimonios contradictorios y documentos parciales que no pueden servir para construir una condena. Además, las actas de entrega cuentan con firmas y sellos oficiales”, sostuvo Aguilar.

La controversia por las cifras

La investigación oficial indica que solo se habrían adquirido 36 mil juguetes, dejando un faltante de 64 mil unidades y un presunto detrimento de $416 millones. La defensa cuestiona la metodología con la que se llegó a esa cifra y recuerda que el pago anticipado era una práctica usual en procesos de ejecución rápida, como las entregas navideñas, especialmente en zonas apartadas.

Ramírez Mantilla también señaló que la Fiscalía toma como verdad absoluta las declaraciones de un tercero en Cúcuta que niega una transacción, pero omite otros elementos probatorios que indicarían que sí hubo compra adicional a proveedores locales.

Ejecución exprés: ¿eficiencia o irregularidad?

Uno de los puntos que más llama la atención en el expediente es la rapidez con que se ejecutó y liquidó el contrato. Para el ente acusador, esto es señal de irregularidad; para la defensa, es prueba de gestión eficiente. “Cuando un gobierno logra ejecutar un contrato en menos tiempo del estipulado, cumpliendo con su objeto, eso es eficiencia, no delito”, argumentó Aguilar.

“No acepto cargos, no acepto condena mediática”

Durante la audiencia, Aguilar negó de forma categórica los cargos y cuestionó la actitud de ciertos medios que —según él— han construido una narrativa de culpabilidad sin contrastar versiones ni verificar el expediente. “No se trata de defenderme solo en los estrados, sino también de enfrentar una condena mediática que pretende enterrarme políticamente”, expresó.

El exgobernador recordó que ya ha pagado condenas previas, que no ha evadido la justicia y que ha comparecido cada vez que se le ha requerido. “Lo que quieren es mantener mi nombre asociado a la corrupción para anularme como actor político. No lo van a lograr”, concluyó.