Fracking: el giro de la USO y el papel clave —y vulnerable— de Santander
Retomar el debate sobre el fracking sin garantizar controles estrictos, transparencia contractual y respeto ambiental es abrirle la puerta a otro capítulo de saqueo y conflicto en Santander. La urgencia energética no puede ser excusa para repetir viejos errores.
La Unión Sindical Obrera (USO), voz histórica de la defensa laboral petrolera en Colombia, ha comenzado a replantear su postura frente al fracking. En 2018, el gremio lo rechazó de manera categórica; hoy, su presidente, César Eduardo Loza, abre la puerta a un debate que, más allá de lo técnico, expone profundas tensiones entre el discurso ambiental, la soberanía energética y la dependencia económica de territorios como Santander.
La razón de fondo no es un misterio: Colombia ya perdió la autosuficiencia en gas. Desde diciembre de 2024, el país importa este recurso para abastecer a hogares y comercios, a un precio que puede triplicar el costo del gas nacional. Y aquí emerge la primera contradicción: mientras se condena el fracking en suelo colombiano, se importa gas extraído mediante esa misma técnica desde el Golfo de México.
“No es lógico que importemos gas de fracking cuando lo podemos producir aquí”, sentencia Loza.
Un giro con impacto en Santander
Santander no es un actor secundario en esta discusión. Con la Refinería de Barrancabermeja como corazón de la industria nacional, y con antecedentes como el frustrado piloto Kalé en Puerto Wilches, el departamento está en la primera línea de las decisiones energéticas. Loza advierte que más producción nacional podría garantizar carga suficiente para la refinería y mantener la cadena de regalías que nutre presupuestos municipales.
Sin embargo, en este viraje se abre un espacio incómodo: la presión por acelerar proyectos puede terminar favoreciendo intereses privados y abrir puertas a procesos opacos en licenciamiento, contratación y control ambiental. En Santander, donde el historial de tensiones entre industria y comunidad es largo, el riesgo de que la promesa de “autosuficiencia” se convierta en un atajo para saltarse garantías sociales y ambientales es real.
El argumento económico y la pregunta pendiente
La USO cuestiona que Ecopetrol destine cerca del 40 % de sus inversiones actuales a energías renovables y solo el 60 % a petróleo y gas. Según Loza, el mercado valora las reservas fósiles y la rentabilidad depende de ellas. Pero la pregunta que no responde el gremio es cómo blindar a las regiones productoras para que no repitan la historia: riqueza en regalías por un lado, deterioro social y ambiental por el otro.
Porque la discusión sobre el fracking no solo es técnica ni económica. Es política. Es ética. Y si algo ha demostrado la experiencia de 16 años de Vía Yuma, de licitaciones eternas como la del aeropuerto Los Pozos y de la captura de decisiones locales por intereses petroleros, es que Santander necesita garantías de transparencia antes que nuevas promesas.
