Escándalo en la ANT: el rastro de Felipe Harman y el desplome de la institucionalidad agropecuaria en Colombia
Mientras Felipe Harman —cercano al empresario santandereano Mauricio Niño— es salpicado por escándalos en la ANT, Agrosavia se ahoga por falta de apoyo estatal. La politización del agro, el clientelismo y las decisiones opacas están dejando sin oxígeno a la ciencia rural en Colombia.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), pieza clave en la redistribución agraria del país, se encuentra sumida en un escándalo de corrupción que amenaza con fracturar la confianza en el sistema agropecuario colombiano. En el centro del huracán aparece el nombre de Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio y figura cercana al cuestionado empresario santandereano Mauricio Niño, envuelto en múltiples polémicas por su cercanía con esferas del poder.
De acuerdo con el columnista y economista Aurelio Suárez Montoya, la administración de Harman en la ANT ha estado marcada por “torcidos” en la compra de tierras, manejos opacos en la contratación y la politización de entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Agrosavia, el principal centro de investigación agropecuaria del país.
Suárez Montoya denuncia que, mientras se encubren licitaciones y contratos inflados —como una compra de tierra por más de 1.500 millones de pesos en Santa Rosa de Cabal—, Agrosavia se marchita por falta de presupuesto y visión de largo plazo. La consecuencia: debilitamiento de la investigación científica rural, menor competitividad, degradación ambiental y una creciente pobreza en el campo.
Uno de los focos más preocupantes señalados en la columna es la contratación de familiares de políticos y exfuncionarios aliados del actual gobierno, algunos de los cuales han sido certificados como reclamantes de tierras sin cumplir los requisitos. Tal es el caso de Carlos Araujo, pariente de la exministra Pineda, quien habría facilitado la compra de tierras con “razones pensadas” y sin criterios técnicos.
Harman, según revela Suárez, no solo habría ignorado los principios de transparencia y publicidad en la ANT, sino que también estaría rodeado de intereses electorales propios. Actualmente, aspira a la Cámara de Representantes por el Cesar y varios de sus movimientos contractuales coinciden con alianzas políticas en esa región. Incluso, su nombre fue mencionado en denuncias penales ante la Fiscalía por su presunta participación en manipulación contractual con fines electorales.
El vínculo Harman–Niño

La figura de Mauricio Niño, un empresario de Bucaramanga con influencia sobre círculos económicos y políticos del oriente colombiano, aparece como telón de fondo en este entramado. Niño ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presionar nombramientos en entidades clave, incluyendo la ANT, favoreciendo a aliados como Harman. Esta relación, hasta ahora opaca, se convierte en un punto central para esclarecer la naturaleza de los intereses que se están moviendo detrás del desmonte institucional del agro.
El impacto del debilitamiento de Agrosavia también es demoledor. Con más de 600 investigadores activos, la entidad representa la columna vertebral de la innovación agrícola en Colombia. Según cifras oficiales, en 2023, gracias a la transferencia tecnológica, los productores se ahorraron más de un billón de pesos. Sin embargo, su presupuesto ha caído en un 27 % solo en el último año, sin que desde el Gobierno se explique la razón.
¿Quién gana con la destrucción del agro científico?
Esa es la pregunta que ronda entre académicos, gremios rurales y sectores técnicos del país. La inacción de los organismos de control y la permisividad del Ministerio de Agricultura han despertado sospechas sobre un plan deliberado para debilitar la estructura científica estatal y abrirle paso al clientelismo.
Conclusión
El caso Harman no es solo una denuncia administrativa: es la fotografía cruda de cómo el clientelismo, el oportunismo electoral y la corrupción se han filtrado en los pilares técnicos del agro colombiano. A medida que se agravan los escándalos, la justicia y la sociedad deberán decidir si este es otro capítulo pasajero de impunidad, o el inicio de una verdadera depuración institucional.