En San Gil no se puede comer carne: el sur de Santander enfrenta una crisis absurda por el cierre del único frigorífico

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El cierre del único frigorífico del sur de Santander deja a 22 municipios sin carne legal, eleva los costos del transporte ganadero y evidencia el abandono institucional de una región donde la desidia gubernamental cuesta más que un kilo de res.

En San Gil no se puede comer carne: el sur de Santander enfrenta una crisis absurda por el cierre del único frigorífico

La escena parece un mal chiste, pero es real: en pleno corazón del turismo santandereano, los habitantes de San Gil y de toda la provincia Guanentá no tienen dónde sacrificar una res legalmente. El único frigorífico en funcionamiento —la planta de Villanueva— cerró sus puertas por “mantenimiento”, dejando a 22 municipios sin alternativa y encendiendo las alarmas sobre un inminente aumento en el precio de la carne.

Mientras en el país se habla de seguridad alimentaria y de apoyo al campo, en Santander los campesinos deben ahora recorrer más de 150 kilómetros hasta Floridablanca para poder sacrificar el ganado. El resultado: costos de transporte triplicados, pérdida de producto por el calor y un golpe directo al bolsillo de los carniceros y consumidores.

El gerente del frigorífico, Edwin Dizette, asegura que se trata de una “suspensión voluntaria temporal” por 60 días para reparar la caldera. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que tranquilidad. ¿Por qué no se programó la reparación en temporada baja? ¿Por qué no existe un plan de contingencia departamental para garantizar el abastecimiento? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que una región entera dependa de una sola planta de sacrificio?

En los municipios del sur de Santander, los comerciantes están desesperados. Algunos ya hablan de importar carne desde Boyacá o incluso desde el Magdalena Medio, lo que inevitablemente disparará los precios. En San Gil, los carniceros advierten que si la situación no se resuelve en las próximas semanas, la libra de carne podría subir entre 3.000 y 4.000 pesos, un golpe severo para una economía local que sobrevive del turismo, la ganadería y el pequeño comercio.

A esta tragedia se suma la absoluta indiferencia de las autoridades locales y departamentales. Nadie —ni la Alcaldía de San Gil, ni la Gobernación, ni el ICA— ha presentado una estrategia real para enfrentar la crisis. Mientras tanto, los campesinos miran impotentes cómo se deteriora su producción, y los consumidores se preparan para pagar la carne más cara del año.

La “capital turística de Santander” se quedó sin carne. Ni un asado, ni un sancocho, ni una hamburguesa local puede servirse sin pagar el precio de la improvisación y la negligencia institucional. En San Gil, la parrilla está vacía, y la paciencia también.

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