El grafitero Leonardo Silva saboteó la reunión sobre el peaje de la Mesa de los Santos
La reunión clave para el peaje de la Mesa de los Santos no fracasó por la comunidad, sino por la politiquería. El saboteo de Leonardo Silva es la muestra de cómo algunos prefieren el show antes que el progreso.

Lo que debía ser un espacio serio de diálogo entre la comunidad y la Gobernación de Santander terminó convertido en un show politiquero. El responsable: Leonardo Silva, conocido vendedor de frutas y verduras en Piedecuesta, quien interrumpió la reunión clave para priorizar las obras del peaje de la Mesa de los Santos y obligó a suspender el encuentro.
El pasado jueves, en el Colegio Agroecológico Holanda, residentes, comerciantes y el propio gobernador Juvenal Díaz Mateus se sentaron a discutir sobre el futuro del recaudo del peaje La Punta. El objetivo era claro: escuchar a la comunidad, presentar el balance de lo ejecutado y proyectar inversiones urgentes para mejorar la malla vial de la región. Pero cuando se entraba en materia sobre los dineros pendientes que debía dejar el antiguo concesionario Construvicol, apareció la voz destemplada de Leonardo Silva.
Con los mismos argumentos que ha repetido en protestas anteriores, Silva interrumpió la exposición asegurando que el peaje era “ilegal”, provocando enfrentamientos verbales entre asistentes y obligando al gobernador a retirarse del recinto. La consecuencia fue inmediata: la reunión fue suspendida y aplazada para el 6 de septiembre en el Coliseo de Los Santos.
El bochorno no pasó desapercibido. Varios líderes comunitarios expresaron su indignación por lo ocurrido. “Esto no fue una defensa de los intereses de la gente, fue politiquería barata que nos dejó otra vez sin respuestas”, señaló un comerciante de la zona. Otra residente agregó: “El gobernador vino a darnos la cara, pero por culpa de un agitador que pretende ser un terrorista ahora nos quedamos sin claridad y sin compromisos concretos”.
La Gobernación reiteró que el recaudo actual está sustentado en la Ley 2 de 1980, la Ley 105 de 1993 y la Ordenanza 049 de 2024, y que el objetivo es garantizar que lo recogido en el peaje se invierta en la región. Sin embargo, el episodio refleja el desgaste que generan saboteadores que, lejos de buscar soluciones, terminan sacrificando los espacios de diálogo.