El gestor de convivencia de Floridablanca, Saúl Duarte Naranjo, es señalado de apuñalar a su esposa

Saúl Naranjo, contratista de la Secretaría del Interior de Floridablanca, conocido en el circuito de cumbias de Bucaramanga, quedó bajo graves señalamientos por presunta agresión con arma blanca contra su esposa. El caso sacude a la Alcaldía de José Fernando Sánchez: ¿cómo termina un “gestor de convivencia” en el centro de una denuncia por violencia intrafamiliar?

La acusación es demoledora por el cargo que ocupa. Un “gestor de convivencia” contratado para apoyar la promoción de la seguridad y la mediación comunitaria no puede, bajo ninguna circunstancia, aparecer vinculado a un hecho de violencia doméstica. Si los hechos se confirman, no es solo una contradicción ética: es el retrato de cómo la administración municipal está fallando en filtros, perfiles y responsabilidades frente a la ciudadanía.

Saúl Duarte Naranjo es recordado en Bucaramanga por su rol animando verbenas y cumbias; en Floridablanca, por su contrato como apoyo a la gestión en convivencia y seguridad.

Precisamente por eso este caso es especialmente grave: el municipio le paga a alguien para prevenir conflictos y restaurar tejido social, mientras su nombre queda ligado a una agresión que atenta contra el bien jurídico más elemental: la integridad de una mujer.

La administración de José Fernando Sánchez tiene el deber inmediato de explicar quién avaló ese perfil, qué verificación de antecedentes y de idoneidad se hizo, y qué protocolos activó apenas se conocieron los señalamientos. Cualquier demora es inaceptable: corresponde la suspensión del contratista mientras avanzan las indagaciones, acompañamiento integral a la víctima, activación de ruta con Comisaría de Familia, Fiscalía y Medicina Legal, y un examen interno de responsabilidades administrativas.

Esto no va de “chismes” ni de show. Va de coherencia institucional. Un contrato de apoyo a la convivencia no es una tarjeta de presentación; es una responsabilidad frente a los barrios y las mujeres de Floridablanca. Cuando un funcionario o contratista es señalado de violencia, la respuesta pública debe ser inmediata, transparente y tajante: cero tolerancia. El silencio oficial o los paños de agua tibia revictimizan y envían el peor mensaje.

También hace falta orden en casa. La Secretaría del Interior no puede contratar “operadores multifacéticos” para llenar actos, tarimas o redes, mientras descuida lo sustantivo: formación en intervención psicosocial, mediación profesional, enfoque de género, conocimiento de rutas de atención, y estrictos códigos de conducta.

Un “gestor de convivencia” sin ética ni formación es gasolina en una ciudad que ya lidia con conflictos de calle, riñas y violencias al interior del hogar.

Este medio intentó verificar en registros públicos y portales oficiales detalles del caso y del vínculo contractual. Hasta el cierre de esta nota no había pronunciamiento institucional con datos completos del proceso y no fue posible hallar información oficial que confirmara los hechos más allá de denuncias preliminares. Por eso, hablamos de “presunta” agresión; pero esa prudencia jurídica no atenúa la obligación política: el alcalde Sánchez debe dar la cara, publicar el contrato, los informes de supervisión, las medidas adoptadas y el estado de las diligencias. La ciudadanía no merece un muro de silencio.

Si Floridablanca quiere ser tomada en serio en seguridad y convivencia, este episodio debe marcar un antes y un después: protocolos claros, sanciones ejemplares, perfiles técnicos y un mensaje inequívoco de respaldo a las víctimas.

Lo contrario sería convalidar el descaro: que quienes cobran por mediar y proteger terminen encarnando la violencia que dicen combatir.