El festín politiquero de la Unidad de Víctimas en Barrancabermeja: $14.000 millones en manos de la maquinaria del senador Gustavo Moreno
La entrega de indemnizaciones en Barrancabermeja terminó bajo la sombra del senador Gustavo Moreno, señalado de manipular la Unidad de Víctimas para alimentar su maquinaria. En vez de reparación, lo que hubo fue politiquería con el dolor ajeno.
Lo que debería ser una jornada de reparación histórica para más de 600 víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio, terminó convertido en un espectáculo politiquero al servicio del senador Gustavo Moreno, quien desde hace años ha convertido la Unidad de Víctimas en un botín burocrático y electoral.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas anunció con bombos y platillos que entregará 631 indemnizaciones administrativas y judiciales en Barrancabermeja, por un valor total de más de $14.000 millones. El evento, programado en tres jornadas masivas, se presenta como un hito en la historia reciente del Magdalena Medio. Sin embargo, detrás de la narrativa oficial se esconde una maquinaria bien aceitada que utiliza el dolor de las víctimas como moneda de cambio político.
En la capital petrolera de Colombia no es un secreto que el senador Gustavo Moreno, con influencia directa en la Unidad de Víctimas, maneja estos procesos como vitrinas clientelistas. Voces de líderes sociales denuncian que las indemnizaciones, lejos de ser tratadas con dignidad, se convierten en escenario para reforzar alianzas partidistas, mostrar músculo político y garantizar votos en futuros procesos electorales.
Mientras las víctimas llegan con la esperanza de ser escuchadas y reparadas, la escenografía recuerda más a un mitin disfrazado de acto institucional. Funcionarios alineados a la estructura de Moreno son quienes llevan la batuta en la organización, decidiendo quién habla, qué se anuncia y cómo se presentan los recursos.
La cifra de $14.000 millones —que en otro contexto sería símbolo de justicia y reparación— hoy genera indignación entre ciudadanos que acusan a la Unidad de Víctimas de haber perdido su norte. “Estos recursos no son un regalo de ningún político. Son plata del Estado para reparar nuestro dolor, y lo mínimo es que se nos respete”, declaró un representante de las asociaciones de víctimas de la región.
El contraste es doloroso: mientras se reparten cheques y discursos desde tarimas oficiales, en Barrancabermeja aún existen más de 13.000 víctimas sin atención efectiva, familias que siguen esperando acceso a vivienda, salud y educación. Para ellas, estas jornadas se sienten más como un espectáculo mediático que como una verdadera reparación.
La politiquería detrás de estas entregas no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que revictimiza a quienes han cargado durante décadas con el peso de la violencia. Lo que debería ser justicia se convierte en marketing político.
