El “experto” que dice que no hay inhabilidad… porque fue contratado por el mismo candidato inhabilitado
Abogado contratado por la campaña del candidato inhabilitado Cristian Portilla, dice que él no está inhabilitado. Ni en el meme del hombre araña se había visto esto.
En medio del debate sobre una posible inhabilidad del candidato Cristian Portilla para aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga, el abogado José Vicente Sánchez —presentado en medios como experto en derecho electoral— emitió un concepto asegurando que no existe ningún impedimento legal para su aspiración.
Sin embargo, lo que no se ha reconocido públicamente es que su análisis fue contratado por la campaña de Portilla, lo que plantea un evidente conflicto de interés y cuestiona la independencia de su evaluación.
Un concepto contratado
Durante sus declaraciones, Sánchez explicó que revisó el historial laboral y familiar del aspirante para concluir que ninguna de las situaciones denunciadas configura una inhabilidad. No obstante, el hecho de que el abogado haya sido contratado por la campaña del mismo candidato que busca exonerar introduce dudas sobre la imparcialidad del concepto y sobre el peso jurídico real de sus afirmaciones.
Los familiares y la interpretación restringida de la norma
Sánchez argumentó que la presencia de un tío y un cuñado de Portilla en la administración municipal no constituye causal de inhabilidad, debido a que los grados de parentesco no encajarían dentro de los límites establecidos por la Ley 617.
Especialistas consultados por este medio señalan que, si bien el análisis se ajusta a una interpretación literal de los grados de consanguinidad, pasa por alto el espíritu de la norma, diseñada para evitar que redes familiares o políticas vinculadas a una administración puedan influir indebidamente en procesos electorales posteriores.
Funciones públicas que el experto minimiza
El abogado también sostuvo que Portilla no ejerció “autoridad administrativa” durante su paso por la Alcaldía, argumentando que un asesor grado 5 no tiene poder decisorio.
Sin embargo, documentos oficiales muestran que Portilla actuó como supervisor de contratos y fue delegado en comisiones de seguimiento sindical, responsabilidades que, según juristas independientes, sí configuran niveles de incidencia administrativa que merecen análisis técnico más riguroso que el ofrecido por un concepto contratado.
Renuncia dentro de los tiempos, pero no exenta de análisis
Sánchez destacó que Portilla renunció en septiembre e inscribió su candidatura en noviembre, cumpliendo los plazos para elecciones atípicas. Aun así, especialistas señalan que cumplir con las fechas no elimina la necesidad de revisar la naturaleza de las funciones ejercidas inmediatamente antes de la renuncia, un punto que el concepto del abogado no profundiza.
El discurso de la campaña replicado por el analista
El abogado afirmó que las dudas sobre la inhabilidad responden a estrategias políticas para generar confusión, un argumento que coincide con las líneas discursivas de la campaña de Portilla. Dado que fue precisamente esta campaña la que contrató sus servicios, la afirmación ha sido cuestionada por sectores ciudadanos que consideran que el análisis carece de independencia y podría responder a intereses electorales.
Un concepto sin neutralidad garantizada
Aunque Sánchez concluyó que no existe ninguna inhabilidad para que Portilla sea candidato, la naturaleza contratada de su análisis impide considerarlo un dictamen independiente. El debate jurídico sigue abierto entre quienes sostienen que sí existió ejercicio de autoridad y vínculos funcionales relevantes, y quienes —como el abogado contratado por la campaña— aseguran que todo está dentro de la legalidad.
La última palabra la tendrán las autoridades electorales y los organismos de control, que deben emitir un concepto imparcial y con respaldo institucional el cual apunta desde ya a dar por terminada esa campaña.
