El ex alcalde de Floridablanca Miguel Ángel Moreno protegió al hoy imputado por acoso sexual Julio César González

El exalcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno Suárez, protegió y ascendió a Julio César González en plena tormenta de señalamientos por acoso sexual, decisión que, según la Fiscalía, permitió que el hostigamiento contra una funcionaria continuara e incluso se agravara.

La Fiscalía Décima adscrita a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó formalmente cargos contra Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), por los delitos de acoso sexual agravado y discriminación de género. Sin embargo, más allá de la gravedad de las acusaciones, el caso revela un elemento político y ético igual de perturbador: el silencio y la inacción del entonces alcalde Miguel Ángel Moreno Suárez, quien, lejos de apartar a González de su cargo ante los primeros señalamientos, lo ascendió y lo mantuvo en el poder, facilitando que el acoso denunciado continuara y escalara.

De secretario a director: un ascenso que multiplicó el hostigamiento

Los hechos por los que hoy es procesado González se remontan a julio de 2020, cuando una funcionaria —identificada bajo el nombre ficticio de Mercedes— ingresó al BIF tras ganar un concurso de méritos. Su jefe directo y evaluador era González, entonces secretario general de la entidad. Según el expediente de la Fiscalía, desde el primer momento comenzaron los comentarios sexuales no solicitados: observaciones sobre su cuerpo, insinuaciones sobre su ropa y preguntas íntimas que, con el tiempo, se convirtieron en proposiciones explícitas.

La denuncia describe un patrón persistente: desde “tienes unas piernas muy bonitas” y “qué lindo te queda ese vestido” hasta frases abiertamente vulgares y solicitudes de actos sexuales. Incluso, se registró que González llegó a decirle: “si se deja tocar la rodilla prolongadamente podría llegar a un orgasmo” o “quiero darte por el c**o”, además de comentarios sobre fantasías incestuosas y referencias grotescas sobre sexo oral.

Pero el punto más alarmante en la cronología no es solo el incremento de la agresión verbal y laboral, sino el contexto político: en marzo de 2021, pese a las tensiones y el ambiente hostil en el BIF, el alcalde Miguel Ángel Moreno decidió nombrar a González como director general de la entidad, dándole control absoluto sobre el personal y las operaciones. Esa decisión, lejos de frenar el acoso, lo potenció.

Un alcalde que miró hacia otro lado

La pregunta que hoy se hacen víctimas, activistas y ciudadanos es inevitable: ¿por qué Moreno no actuó? ¿Y por qué Ángel Alirio Moreno lo protegió?

La designación de González, pese a su conducta interna ampliamente comentada en pasillos y oficinas, evidencia como mínimo una alarmante indiferencia frente a la integridad de las funcionarias bajo su mando. No hay registro de que el exalcalde haya iniciado investigación interna alguna, ni que haya solicitado a los organismos de control revisar el comportamiento de su subalterno antes de darle un ascenso estratégico.

Moreno no puede alegar desconocimiento. Como alcalde, era el superior jerárquico del BIF, con acceso a reportes internos y con la obligación legal y ética de garantizar ambientes laborales libres de acoso. Sin embargo, no apartó a González, no ordenó investigaciones internas y no dio señales de interés por la seguridad de la denunciante.

Ese silencio administrativo fue, en la práctica, un blindaje político: González no solo mantuvo su empleo, sino que recibió más poder, presupuesto y personal bajo su control. La víctima quedó atrapada en una estructura en la que su agresor no solo era su jefe, sino que había sido fortalecido por la autoridad máxima del municipio.

Del acoso sexual al acoso laboral

Al no ceder a las insinuaciones, la víctima fue blanco de un trato degradante: tareas humillantes ajenas a su cargo (llevar tintos y desayunos), insultos como “bruta” o “sorda”, descalificaciones frente a compañeros y llamadas fuera del horario laboral, incluso en vacaciones y festivos. La Fiscalía documenta que González llegó a amenazarla con “sentarla en las piernas y darle unas nalgadas” y, en una ocasión, a propinarle una palmada en los glúteos.

La Procuraduría también abrió proceso disciplinario contra González por utilizar expresiones obscenas, denigrantes y morbosas, que atentaban contra la dignidad de su subalterna y que constituyen violencia basada en género. La falta fue calificada como gravísima a título de dolo.

La negación del acusado y la impunidad política

González, hoy directivo de una emisora en Bucaramanga, ha negado las acusaciones, asegurando que “jamás ha acosado a nadie” y que su hoja de vida lo exime de tales conductas. No obstante, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han encontrado suficientes elementos para adelantar los procesos judiciales y disciplinarios en su contra.

El verdadero punto ciego en este caso no es solo el comportamiento del imputado, sino el rol pasivo del exalcalde Miguel Ángel Moreno. En política, como en la administración pública, no actuar frente a una advertencia es también una forma de actuar. Y en este caso, esa omisión, respaldada con un ascenso, permitió que una situación de acoso sexual prolongado se mantuviera bajo la sombra de la complicidad institucional.

Un caso que interpela la responsabilidad del poder

La justicia determinará la culpabilidad o inocencia de González, pero el juicio social sobre la conducta de Moreno como alcalde ya está abierto. La tolerancia —voluntaria o por conveniencia política— hacia funcionarios cuestionados por violencia de género envía un mensaje devastador a las víctimas: que la protección del poder pesa más que la protección de su dignidad.

En Floridablanca, este episodio no solo deja una herida judicial, sino también una pregunta política y moral: ¿cuántas veces más se va a permitir que los cargos públicos sean usados como escudo para encubrir a presuntos agresores?