El ELN se apropió de Colombia y de Santander: una plaga que está exterminando comunidades enteras

Más de 5.000 personas confinadas y cerca de 1.000 desplazadas en el sur de Bolívar reflejan la dimensión de una tragedia humanitaria que desnuda la fuerza con que el ELN se ha enquistado en los territorios, actuando como una plaga que destruye vidas, economías y el tejido social.

“Nos dieron 24 horas para abandonar la vereda y no tuvimos otra opción que dejarlo todo”. La voz de Javier Toro, líder social del municipio de Arenal, resume el drama de cientos de familias en la Serranía de San Lucas. Enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados han convertido a la población civil en rehén de la guerra: 5.000 personas atrapadas bajo confinamiento y al menos 1.000 desplazadas en condiciones infrahumanas.

Hombres, mujeres, niños y ancianos recorrieron horas de camino desde San Agustín y Santo Domingo hasta Arenal, donde el polideportivo se transformó en un refugio improvisado. Allí sobreviven con lo poco que lograron cargar, mientras en lo alto de la serranía los que no pudieron salir viven entre el fuego cruzado, las amenazas y el terror de las minas antipersona sembradas en sus veredas.

“Como campesinos decidimos salir dejando todo lo que habíamos construido, pero primero está la vida. Queremos regresar, pero necesitamos garantías. Hoy nuestro territorio está en disputa y nosotros somos los paganos”, dijo Toro. Testimonios como el suyo se multiplican en un escenario en el que la gente se debate entre la dignidad y la sobrevivencia.

El alcalde de Arenal, Ramón Zayas Fonseca, calificó la emergencia como una de las más graves en años. Más de 700 familias han llegado con miedo y zozobra. La Procuraduría también lanzó una alerta: la cifra de confinados y desplazados sigue en aumento, y entre ellos hay madres gestantes, niños y adultos mayores que requieren atención médica urgente.

La raíz de la crisis es la disputa armada por el control territorial y la minería ilegal. En medio de los operativos fue neutralizado alias Frank, cabecilla del Clan del Golfo, que pretendía asumir el control de la extracción de oro. Pero la muerte de un criminal no resuelve la tragedia que viven los campesinos: ellos siguen atrapados entre fusiles y economías ilícitas que financian la barbarie.

El presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que fue el ELN el que ordenó desalojar las veredas y le exigió al Ejército copar el territorio. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército ni para el pueblo de Colombia”, dijo. El Ministerio de Defensa desplegó pelotones y equipos antiexplosivos para intentar recuperar la zona, pero la realidad es que el control efectivo lo siguen teniendo los violentos.

La Gobernación de Bolívar, la iglesia y la comunidad misma han respondido con ayudas humanitarias, alimentos y ropa, pero son paliativos mínimos frente a la magnitud de la tragedia. Lo que se necesita es contundencia estatal. El sur de Bolívar y gran parte de Santander viven hoy bajo la sombra del ELN, convertido en un cáncer que se expande y que actúa sin freno.