El descaro en Bucaramanga: se robaron hasta las becas de los estudiantes
Más de $1.300 millones en becas para jóvenes de Bucaramanga terminaron en manos de foráneos. La UNAD y la UNAB, firmantes de los convenios, callan mientras la Contraloría destapa otro escándalo de corrupción educativa
Mientras los jóvenes bumangueses luchan por una oportunidad para estudiar, en la Alcaldía de Bucaramanga algunos convirtieron las becas universitarias en otro festín de corrupción. La Contraloría Municipal acaba de destapar un escándalo vergonzoso: más de $1.320 millones en becas destinadas a estudiantes de bajos recursos terminaron en manos de foráneos que ni siquiera están registrados en el Sisbén de la ciudad.
La investigación revela que más de un centenar de beneficiarios aparecían inscritos en el Sisbén de municipios como Arauca, Cúcuta, Girón, El Playón, San Vicente de Chucurí, Aguachica y hasta Santa Helena del Opón, pero recibían becas como si fueran de Bucaramanga. Es decir, mientras los jóvenes locales hacen fila, otros se colaron por la puerta del clientelismo y la trampa.
El descaro no se detiene ahí. Detrás del negocio están los convenios firmados entre la Secretaría de Educación y universidades como la UNAD y la UNAB, que —pese a manejar millonarios recursos públicos— han preferido guardar un silencio cómplice frente a este escándalo. ¿Dónde están sus explicaciones? ¿Quién supervisó que las becas llegaran a quienes realmente lo necesitaban?
La contralora municipal, Viviana Marcela Blanco, fue contundente: los recursos “debían destinarse a personas de Bucaramanga”, pero se desviaron sin control. Y mientras tanto, desde la Secretaría de Hacienda, Reynaldo D’Silva se lavó las manos diciendo que su despacho “solo paga lo que Educación ordena”. Una cadena de irresponsabilidades donde nadie asume el daño hecho a cientos de jóvenes que hoy siguen esperando una oportunidad.
No se trata solo de un “error administrativo”. Se trata de un robo a la esperanza, de becas que debieron cambiar vidas y terminaron en bolsillos equivocados. La Contraloría ya abrió procesos fiscales, pero la ciudadanía espera algo más: sanciones ejemplares, devolución total del dinero y, sobre todo, nombres propios.
Porque en Bucaramanga ya no basta con descubrir los robos: hay que acabar con la red de funcionarios, contratistas y universidades que hacen negocio con la necesidad del pueblo.
